Barco de pesca imagen ilustrativa generada por LA17.
La pesca chubutense volvió a quedar en el centro de una discusión intensa. Algunos sectores impulsan una medida que ya genera adhesiones, rechazos y dudas técnicas: una ley de “ficha limpia pesquera” que impediría obtener, renovar o transferir permisos a empresas cuyos dueños o socios tengan condenas en primera instancia por delitos tributarios o económicos. La propuesta se instaló como una de las más polémicas de la temporada, un tema que intentan imponer operadores externos a la pesca.
El origen del proyecto que se pretende instalar está ligado a la resolución 690/2025, que revocó un permiso artesanal tras el hundimiento del BP Carlillo. La investigación detectó sobrecarga, controles deficientes y un tripulante no declarado. Ese episodio dejó al descubierto falencias normativas que se arrastran desde que los antiguos permisos VACOPA —del variado costero— quedaron convertidos en licencias de la Flota Amarilla tras la reforma de 2022. El tema es utilizado para la operación.
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Ahora, la operación “ficha limpia” reaviva tensiones, aunque sin sustento, ya que nadie oficialmente se ha pronunciado al respecto. Quienes apoyan el proyecto sostienen que permitirá transparentar la adjudicación de permisos y evitará irregularidades repetidas. Afirman que la actividad necesita reglas firmes, controles eficaces y sanciones claras. “Acceder a un permiso debe ser un derecho condicionado al comportamiento empresarial”, plantean desde sectores que respaldan la iniciativa.
Del lado contrario, empresarios y técnicos advierten que la medida podría usarse de manera discrecional, afectar la continuidad de firmas familiares y generar conflictos judiciales por interpretaciones sobre condenas no firmes. Algunos sectores cuestionan que se intente instalar un tema complicado, en un momento delicado de la pesca, que continúa con ciertos conflictos.
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El proyecto promete discusiones intensas en los próximos días. Chubut, uno de los principales polos pesqueros del país, analiza una reforma que podría cambiar la forma en que se distribuyen los permisos y redefinir la relación entre Estado y sector privado. La medida llega con promesas de transparencia, aunque con intereses externos al gobierno, que es en definitiva quien regula la actividad. No se descarta que haya operadores que buscan instalar el tema, que por ahora no tienen sustento de ningún tipo.
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