La Corte activó la transferencia de los USD 60 millones decomisados a Lázaro Báez
Policiales03/12/2025
REDACCIÓN
Báez
La Corte activó la transferencia de más de USD 60 millones decomisados a Lázaro Báez y pidió al TOF 4 los pasos finales para tomar posesión del dinero y los inmuebles, en medio de una pulseada institucional que no terminó.
La Corte Suprema abrió una puerta que venía trabada desde hace años. El máximo tribunal pidió la transferencia inmediata de más de USD 60 millones decomisados a Lázaro Báez y a su hijo Martín, un capítulo que vuelve a encender la causa conocida como la “ruta del dinero K”.
El oficio firmado por Sergio Romero, director de Gestión Interna e Infraestructura, ordenó incorporar al patrimonio estatal los fondos subastados y los inmuebles que ya tienen sentencia firme. Ese movimiento llegó al Tribunal Oral Federal 4, donde Néstor Costabel lleva la parte final del proceso.
El monto es concreto y contundente: USD 61.130.860,86 más $4.174.697, con actualización por índice de precios. El origen está en la sentencia dictada en 2021, confirmada por Casación en 2023 y sellada meses atrás cuando la Corte declaró inadmisibles los recursos defensivos.
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Ahora, el tribunal pidió enviar el dinero a dos cuentas del máximo tribunal y remitir la documentación completa de las subastas del expediente 3017/2013/TO2/14. Con ese paso, la Corte acelera una etapa que había quedado pendiente pese a las condenas firmes.
La historia tuvo otro capítulo político este año. El Ejecutivo creó por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, un organismo bajo la órbita de Justicia que buscaba manejar los activos incautados. Esa iniciativa encendió alarmas en tribunales.
En octubre, el juez Pablo Cayssials dictó una cautelar que frenó el decreto y dejó en pausa al flamante organismo. El magistrado sostuvo que la norma “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” y afecta la autonomía judicial, una definición que reordenó el tablero institucional.
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Ese fallo puso en escena la disputa por la administración de los bienes recuperados y anticipó una tensión que seguirá abierta. La Corte tomó la posta y decidió avanzar por su cuenta, mientras el Gobierno espera que la Justicia destrabe la discusión.
Para la causa Báez, este giro implica un cierre material que llevaba años de demoras. La ejecución de los decomisos vuelve a empujar un expediente que marcó una época en la política argentina, aún con capítulos pendientes en otras instancias.
El movimiento también reaviva el debate sobre el control de los activos provenientes de delitos económicos, un terreno disputado y cargado de consecuencias para la Justicia, el Ejecutivo y el futuro de los fondos recuperados.
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