La Cámara Electoral confirmó procesamientos por desvío de fondos públicos

La Cámara Nacional Electoral ratificó el procesamiento de dirigentes de Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven, Encuentro Republicano Federal y Esperanza del Pueblo, al considerar que existieron maniobras de desvío de fondos públicos otorgados para la campaña de las PASO 2023. La resolución, dictada el 4 de diciembre, se apoyó en pruebas que exponen un circuito de irregularidades que incluye presentación de listas sin respaldo real, gastos no comprobados y nominaciones cuestionadas.

Según el expediente, la Dirección Nacional Electoral transfirió $352.050.020,32 a Proyecto Joven y $124.224.124,30 a Justicia y Dignidad Patriótica, recursos destinados a la impresión de boletas y tareas de difusión electoral. Los investigadores sostuvieron que estos montos no fueron acreditados en su uso y que parte del dinero habría sido aplicado a fines ajenos a los previstos por la normativa, lo que configuró una presunta defraudación contra la administración pública.

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El Tribunal describió un “singular modus operandi” que coincide con la proliferación de listas internas sin representatividad efectiva. En este punto, los camaristas subrayaron la detección de personas fallecidas incluidas como precandidatos y postulaciones que habrían sido presentadas sin consentimiento, una práctica que profundiza las sospechas sobre el funcionamiento de las agrupaciones mencionadas.

En su análisis, la Cámara sostuvo que los partidos políticos actúan como auxiliares del Estado, por lo que su integridad institucional es indispensable para el funcionamiento democrático. La sentencia remarcó que la opacidad en el uso de fondos públicos deteriora la credibilidad del sistema y obliga a extremar controles en cada instancia del proceso electoral.

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El Tribunal recordó además que, frente a episodios similares, dictó la Acordada CNE Nº 67/2023, destinada a reforzar verificaciones sobre la actividad real de las imprentas contratadas. Esta medida buscó frenar maniobras destinadas a multiplicar listas que no representaban estructuras concretas y que solo perseguían acceder a financiamiento estatal sin cumplir con las exigencias legales.

Los jueces remarcaron que el objetivo central de estas decisiones es impedir maniobras fraudulentas que perjudiquen al Estado y distorsionen la competencia electoral. Con la confirmación de los procesamientos, la causa avanza hacia una etapa clave para definir responsabilidades y establecer medidas que garanticen mayor transparencia en futuros procesos.