Admitió matar a su hijastro en una cacería ilegal y evitó la cadena perpetua

Policiales06/12/2025

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El caso que involucra a José Antonio De Olivera Suárez volvió a escena en Misiones después de que el propio acusado reconoció que mató de un disparo por la espalda a Alberto De Olivera, el hijo de su pareja, durante una cacería ilegal en la Reserva de Biósfera Yabotí. La admisión se produjo tras más de dos años de detención y abrió paso a un acuerdo abreviado que reorganizó el trámite judicial y la calificación penal. La Fiscalía y la defensa consensuaron una pena de 18 años de prisión, que ahora aguarda homologación del Tribunal Penal de Oberá.

La reconstrucción oficial indica que ambos salieron rumbo a la selva a fines de septiembre de 2023 con dos escopetas calibres 20 y 36, pese a tratarse de un territorio protegido donde la caza está prohibida. Residían en el paraje Guabiroba de El Soberbio y habían recorrido más de 40 kilómetros hasta llegar a la zona conocida como Picada Chuchú, donde planeaban permanecer varios días. Ese viaje marcó el comienzo de una secuencia que terminó con la muerte del joven de 19 años.

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Dos días después del ingreso al monte, De Olivera Suárez volvió solo a su casa y sostuvo que su hijastro se había suicidado. De acuerdo con su primera versión, el adolescente tomó su escopeta para alejarse unos metros del campamento y, al poco tiempo, se escuchó un estampido. El acusado señaló que encontró el cuerpo sin vida, reunió sus pertenencias y regresó al poblado para pedir ayuda. Esa declaración guió a los policías hacia el punto donde, según él, había ocurrido el hecho.

Cuando los agentes llegaron con un médico legista, hallaron al joven boca arriba y con una herida de arma de fuego en la espalda, lo que desde el inicio puso en duda el planteo del supuesto suicidio. La ausencia de restos de ahumamiento en la lesión reforzó esa sospecha, ya que indicaba un disparo a distancia y no desde contacto cercano. En paralelo, el arma que el acusado dijo haber dejado junto al cuerpo no apareció y la camisa mencionada tampoco fue encontrada.

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Frente a la evidencia contradictoria, De Olivera Suárez cambió su relato. Aseguró que ambos volvían al campamento cuando el joven se adelantó unos metros y que luego escuchó otra detonación. Dijo que lo encontró herido pero consciente, y que el adolescente supuestamente le advirtió “no toques el arma porque te vas a complicar. Sacame la camisa y andate”. Esa segunda versión tampoco despejó interrogantes y quedó incorporada a un expediente que ya analizaba inconsistencias previas.

El médico legista determinó en su informe la presencia de “orificio de entrada en región dorsal”, lesión que provocó la muerte del joven. Los peritajes descartaron la utilización de las armas secuestradas en la casa del acusado, pero esos elementos no modificaron lo central: la hipótesis de suicidio quedó desestimada y el relato del imputado presentaba puntos contradictorios para justificar lo sucedido en la selva.

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El Juzgado de Instrucción de San Vicente ordenó la detención del cazador y lo procesó por homicidio agravado por el uso de arma, sumando el agravante de alevosía por el disparo por la espalda. Esa combinación proyectaba una pena de prisión perpetua en un juicio ordinario, según la calificación inicial. Sin embargo, el camino judicial tomó otro rumbo con la propuesta de un juicio abreviado para reducir tiempos y unificar criterios entre las partes.

La Fiscalía aceptó retirar el agravante de alevosía y la defensa convalidó una pena elevada, lo que permitió acordar los 18 años de prisión que ahora deben ser ratificados por el Tribunal Penal de Oberá. La confesión del acusado terminó por cerrar el acuerdo y dejar sin efecto la posibilidad de una condena perpetua, aunque mantuvo la imputación por homicidio agravado por el uso de arma.