El Gobierno elabora la reforma laboral mientras los empresarios analizan sus posibles efectos

Los equipos técnicos del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Desregulación mantienen reuniones durante este fin de semana largo con el objetivo de completar el proyecto de reforma laboral que el Gobierno quiere presentar el martes. La intención oficial es que la iniciativa ingrese al Congreso durante las sesiones extraordinarias previstas entre el 10 y el 30 de diciembre, período en el que también se tratarán otros proyectos como Presupuesto e Inocencia Fiscal. El documento que se analiza todavía no cuenta con su versión final, aunque el Gobierno confirmó que la mayor parte del trabajo se encuentra definida.

En los últimos días circularon borradores de la propuesta que mencionan posibles cambios en indemnizaciones, modalidades de contratación y mecanismos de estímulo laboral. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que todavía quedan puntos por resolver, entre ellos la estructura del blanqueo laboral y su eventual impacto económico para los empleadores. La expectativa del Gobierno es que el texto definitivo contemple herramientas para mejorar el funcionamiento del mercado laboral sin alterar principios centrales.

Mientras avanza la redacción, entidades empresarias comenzaron a consultar a especialistas para interpretar las implicancias de la futura ley. Algunas cámaras iniciaron reuniones con abogados laboralistas para revisar escenarios posibles y evaluar cómo podrían adaptarse a nuevas regulaciones, en un contexto donde muchas pymes informan reducciones de actividad y reorganización de turnos. Estas consultas buscan anticipar el marco normativo que se discutiría antes de fin de año en ambas cámaras del Congreso.

La situación económica de las pequeñas y medianas empresas agrega preocupación entre representantes sectoriales, que observan una caída sostenida en distintos rubros. Referentes industriales mencionan que parte del sector evalúa suspender personal o modificar jornadas ante la caída de ventas, una tendencia que se repite desde principios de año. La posibilidad de que la reforma laboral introduzca cambios significativos genera un interés adicional en estas entidades, que intentan comprender el alcance de las medidas antes de su presentación oficial.

En ese mismo contexto, el abogado Julián de Diego, uno de los especialistas que participan en los equipos técnicos, planteó que “la ley en sí misma no genera empleo sino el crecimiento económico”, una frase que resume la preocupación de algunos consultores por la relación entre productividad y condiciones laborales. Su intervención apunta a la necesidad de evaluar el impacto real que tendría la reforma en un momento de fuerte retracción en la actividad.

También surgieron planteos desde la Federación de Comercio de Buenos Aires (FECOBA), que agrupa a pymes de múltiples sectores y señala que las realidades productivas son diversas y requieren enfoques diferenciados. La entidad considera importante que la reforma incluya un eje de formación profesional que permita actualizar capacidades laborales, con acompañamiento del Estado para sostener esa transición. Ese punto representa una demanda recurrente entre empresas que necesitan adaptar su personal a nuevos procesos.

Por su parte, la Unión Nacional de Emprendedores, Pymes y Productores (UNEPP) difundió un documento en el que remarca que, a igual nivel de actividad, un marco normativo más simple podría facilitar la creación de empleo formal. El texto menciona que muchas pequeñas empresas operan con recursos limitados y exponen dificultades para cumplir con procesos administrativos complejos, por lo que esperan un esquema con mayor previsibilidad jurídica. Estas posiciones reflejan la expectativa de distintos sectores por conocer el texto final.

Entre los aspectos que se analizaron en los borradores figura una posible relación entre remuneración y productividad, que permitiría a las empresas incorporar bonos o incentivos cuando se alcancen determinados objetivos. También se estudia un esquema de Fondos de Asistencia Laboral con aportes empresariales, alternativas de pago en especie como tickets y la habilitación del salario en dólares en ciertos casos. En materia de organización del trabajo, se evalúa que las jornadas puedan ajustarse según momentos de mayor o menor producción.

La propuesta aborda además el régimen de vacaciones, con la posibilidad de fraccionarlas en períodos de siete días y con la obligación de garantizar que una parte se otorgue en verano cada tres años. Estos elementos forman parte del borrador, pero no cuentan aún con validación definitiva y podrían modificarse en la versión final. Hasta que el proyecto llegue al Congreso, los detalles permanecerán sujetos a revisión técnica y al análisis de los funcionarios responsables.