La empresa que puja en la concesión de Tecnópolis habría transferido 55 millones a la esposa de Adorni
Política17/06/2026
REDACCIÓNEl conglomerado empresario que compite por la concesión del predio intenta transferir la firma del expediente a otra área para eludir futuras demandas por conflicto de intereses.
La licitación pública para el usufructo y explotación de Tecnópolis por los próximos 30 años ingresó en un terreno de parálisis administrativa y sospechas de incompatibilidad legal. Los principales oferentes del proceso intentan modificar de urgencia el circuito formal del expediente para evitar que la adjudicación quede bloqueada en los tribunales federales. El eje del conflicto radica en la incompatibilidad que pesa sobre el funcionario responsable de poner la firma final en el contrato de concesión, debido a la detección de flujos de dinero directos desde una de las firmas competidoras hacia el entorno patrimonial de su propio hogar.
Los peritajes contables validados en sede judicial confirmaron que Bettina Angeletti cobró al menos 55 millones de pesos provenientes de las cuentas bancarias de la productora que encabeza la nómina de oferentes favoritos. Los desembolsos se canalizaron de manera formal hacia la firma consultora de la mujer, denominada +BE, bajo la justificación de supuestas prestaciones de servicios técnicos vinculadas a la gestión de recursos humanos. La revelación de los pagos cruzados encendió las alarmas operativas en los despachos de la Jefatura de Gabinete, el organismo que tiene bajo su órbita la administración integral del predio ferial.
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La resolución del negocio adquiere dimensiones presupuestarias críticas para el Estado nacional, al tratarse de un contrato de explotación privada estimado en 180 mil millones de pesos. El responsable directo de estampar la rúbrica para convalidar este traspaso de activos públicos es el vocero y funcionario Manuel Adorni, esposo de Angeletti. Ante el riesgo inminente de que el proceso sea impugnado formalmente por la empresa competidora vinculada al grupo de medios La Nación, los apoderados del holding favorecido operan a contrarreloj para desplazar la competencia de la firma hacia otra ventanilla de la administración central.
La firma intermedia que emitió los pagos millonarios es Foggia Group, una compañía de entretenimientos cuyos orígenes societarios conducen de forma directa al núcleo de los asesores de máxima confianza de la quinta de Olivos. Las actas constitutivas de la productora demuestran que Mara Gorini, secretaria de Karina Milei, fue una de sus socias hasta que asumió como funcionaria en diciembre de 2023. Tras su ingreso al organigrama público, la titularidad formal de las acciones operativas se transfirió a los nombres de Marcelo Dionisio, cónyuge de la empleada estatal, y del hijo que tienen en común.
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La composición accionaria de la productora mutó de manera drástica durante las semanas previas a que el Gobierno hiciera públicas las bases de la licitación a largo plazo del predio ubicado en Villa Martelli. En los últimos meses del año 2025, el conglomerado económico comandado por la familia Werthein tomó el control operativo de la firma Foggia para utilizarla como plataforma de desembarco en la compulsa estatal. El grupo adquirente posee terminales en el mercado de las telecomunicaciones a gran escala, siendo los propietarios formales de la firma de servicios satelitales Technomedia, dueña de DirecTV.
La reorganización del directorio del grupo empresarial se ejecutó mediante una secuencia de ingresos notariales registrados a finales de noviembre del año pasado. Las actas comerciales revelan que las primeras incorporaciones correspondieron a las designaciones de Marcelo Wegbrait y Fabian Suffern en los cargos de directores titulares y suplentes de la firma. Pocos días después, precisamente el 19 de noviembre de 2025, se consolidó la designación de Ricardo Silbermins, un ejecutivo que integra los directorios de otras unidades de negocios del holding familiar, tales como las marcas Landmark y Cachay SA.
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La acumulación de estos antecedentes societarios y financieros expone los niveles de permeabilidad entre los intereses de los contratistas privados y los círculos familiares de los funcionarios con poder de decisión regulatoria. La normativa de ética en el ejercicio de la función pública prohíbe de manera expresa la intervención de agentes del Estado en expedientes donde se encuentren involucrados intereses de sus cónyuges o clientes comerciales directos. La aparición de los comprobantes de cobro de la consultora de recursos humanos rompió la presunción de ajenidad del responsable del área de comunicación oficial sobre los oferentes del predio.
Las gestiones reservadas que se desarrollan en los pasillos gubernamentales apuntan a forzar un decreto de delegación de firmas que desvincule formalmente al portavoz presidencial de la resolución del expediente de los 180 mil millones. Los asesores legales del grupo empresarial temen que cualquier dilación en el apartamiento actúe como un argumento de nulidad absoluta insalvable ante una eventual auditoría de los organismos de control de la administración. La puja por el control de las hectáreas del centro de exposiciones permanece supeditada a este nudo legal que involucra los ingresos privados de la familia del funcionario.
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El desenlace de la licitación de Tecnópolis se mantiene bajo un estricto compás de espera mientras se define la viabilidad del traspaso de la competencia administrativa a un funcionario sustituto sin lazos familiares con el entorno de Foggia Group. La presión de las corporaciones mediáticas competidoras bloquea la posibilidad de una adjudicación directa tradicional sin costos políticos elevados para la estructura del gabinete de ministros. El trámite de concesión por los próximos 30 años quedó convertido en una disputa de alta tensión legal, donde el rastro de los 55 millones de pesos cobrados por la consultoría privada funciona como el principal escollo para la firma del contrato definitivo.
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