Quieren abrir uno de los secretos mejor guardados de la pesca argentina

Durante años, gran parte de la información más sensible de la actividad pesquera argentina permaneció dentro de expedientes administrativos y bases de datos estatales de acceso limitado. Eso podría cambiar si prospera un proyecto presentado en la Cámara de Diputados que busca convertir al Registro de la Pesca en una plataforma pública, digital y de consulta libre para cualquier ciudadano.

La iniciativa, impulsada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, propone modificar la Ley Federal de Pesca para obligar a la Autoridad de Aplicación a publicar información que hoy existe, pero que no se encuentra disponible de manera abierta y sistemática para la sociedad.

La propuesta apunta a que cualquier persona pueda conocer quiénes son los titulares de permisos de pesca, qué embarcaciones operan en aguas argentinas, qué cuotas de captura poseen, qué especies tienen autorizadas y cuáles son sus antecedentes administrativos.

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El proyecto también pone el foco sobre uno de los aspectos más sensibles del negocio pesquero: las transferencias de permisos y cuotas. De aprobarse la reforma, deberán publicarse los cambios de titularidad, reformulaciones, suspensiones, caducidades y otras decisiones administrativas vinculadas con derechos de pesca otorgados por el Estado.

La iniciativa incorpora además la obligación de informar la situación administrativa de cada embarcación. El registro deberá indicar si un buque se encuentra activo, suspendido, dado de baja o sujeto a restricciones vigentes, permitiendo conocer en tiempo real el estado de habilitación de la flota pesquera nacional.

Otro de los puntos destacados es la publicación de sanciones firmes aplicadas a empresas, armadores y embarcaciones. El sistema deberá informar el tipo de infracción, la autoridad que intervino, el monto de la sanción y el estado de cumplimiento de cada medida.

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La discusión aparece en un momento donde la trazabilidad y la transparencia se transformaron en requisitos cada vez más exigidos por los mercados internacionales. La posibilidad de verificar quién captura cada recurso, bajo qué autorización y con qué antecedentes constituye una herramienta cada vez más valorada por compradores y organismos de control.

Según el proyecto, toda la información deberá estar disponible en formatos abiertos, descargables y reutilizables. Además, el sistema deberá permitir búsquedas, consultas históricas y seguimiento de cambios para garantizar la trazabilidad de cada registro.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que los recursos pesqueros pertenecen al conjunto de la sociedad y que la información vinculada con su explotación debe tener carácter público. Bajo esa lógica, los permisos, cuotas y autorizaciones dejan de ser datos exclusivamente administrativos para convertirse en información de interés general.

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La propuesta también busca alinearse con estándares internacionales de acceso a la información y con las crecientes exigencias de transparencia que enfrentan las actividades vinculadas a recursos naturales. En los fundamentos se menciona que países como Chile, Perú, Uruguay, Ecuador, Brasil y México ya cuentan con sistemas públicos de consulta sobre sus flotas y permisos pesqueros.

Actualmente, gran parte de esos datos son recopilados por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca en cumplimiento de la legislación vigente. La diferencia es que la reforma plantea que esa información deje de permanecer dentro del circuito administrativo y pase a estar disponible para empresas, investigadores, organizaciones civiles, periodistas y ciudadanos.

Si el Congreso aprueba la iniciativa, la Autoridad de Aplicación contará con un plazo de 180 días para reglamentar e implementar el nuevo sistema. El debate abre una discusión de fondo sobre cuánto debe conocer la sociedad acerca de la actividad de una industria que opera sobre recursos administrados por el Estado y que representa uno de los principales complejos exportadores del país.