Reforma laboral: el Gobierno pone reglas duras a asambleas, huelgas y convenios sindicales
Actualidad09/12/2025
Sergio Bustos
Milei y la reforma laboral.
El anteproyecto oficial de Ley de Modernización Laboral mete mano en el corazón del poder sindical y apunta, sobre todo, a la estructura de sindicatos únicos por actividad que orbita en la CGT. El texto pone un cerco a asambleas, recorta márgenes de acción en huelgas y empuja un giro de fondo en la negociación colectiva.
El cambio más inmediato aparece en las asambleas. El anteproyecto plantea que, si se realizan dentro o fuera del establecimiento, deben contar con autorización previa del empleador, incluyendo lugar, horario y duración. Si se hacen dentro de la empresa, también exige permiso específico sobre el sector donde se llevarán a cabo.
La letra chica agrega un golpe directo al bolsillo. “El trabajador no devengará salarios durante el tiempo de duración de la asamblea”, indica el esquema propuesto. En la práctica, convierte cada asamblea en una decisión con costo individual.
El proyecto, de todos modos, deja afuera una restricción que estaba en debate. No incorpora la prohibición de votar delegados en pymes de menos de 50 trabajadores, un punto que generaba discusión incluso entre quienes ven la reforma con simpatía.
OTRAS NOTICIAS
El otro eje caliente es el derecho de huelga. El anteproyecto fija un sistema de “servicios mínimos” que deja poco margen en sectores sensibles. Si el conflicto afecta servicios esenciales, exige garantizar el 75% de la prestación normal. Si se trata de actividades de “importancia trascendental”, marca un piso del 50%.
En la lista de “esenciales” aparecen áreas donde un paro suele tener alto impacto social: servicios sanitarios, hospitalarios y farmacéuticos; agua, gas, energía eléctrica, Internet y comunicaciones satelitales; aeronáutica, transporte marítimo y fluvial y controles aéreos y portuarios; además de cuidado de menores y educación.
En “importancia trascendental” el menú también es amplio: producción de medicamentos, transporte terrestre y subte, radio y TV, industrias continuas como acereras y construcción, industria alimenticia, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria, banca y finanzas, hotelería y gastronomía, y comercio electrónico.
Si un sindicato de alguno de esos sectores decide medidas de acción directa, el anteproyecto agrega un requisito que puede frenar la dinámica habitual del conflicto. Exige un preaviso de 5 días al empleador y a la Secretaría de Trabajo.
El tercer bloque reordena el mapa de convenios colectivos. El texto habilita convenios por empresa o por grupo de empresas y les da prioridad sobre los convenios de actividad. En criollo: el acuerdo “chico” manda sobre el “grande” dentro de su ámbito personal y territorial, incluso si el convenio mayor es posterior.
OTRAS NOTICIAS
La propuesta también cambia la “ultractividad”, o sea, qué pasa cuando un convenio vence. Según el anteproyecto, al terminar el plazo solo quedan vigentes las normas vinculadas a condiciones de trabajo. El resto de las cláusulas, las obligacionales, siguen únicamente por acuerdo de partes.
Ahí aparece otra señal política: la Secretaría de Trabajo quedaría habilitada a llamar a negociar convenios ultractivos “incluso desde 1975”. El objetivo declarado es ordenar un sistema que acumula acuerdos viejos, extensiones automáticas y reglas que se estiran sin discusión real.
En sindicatos y financiamiento, el texto toca puntos sensibles. En asociaciones sindicales, plantea que cualquier asociación, desde su inscripción, adquiere personería jurídica, y abre la puerta a dar personería gremial a sindicatos por oficio, profesión o categoría, aun cuando exista una entidad de actividad con peso histórico.
En la plata, el anteproyecto cambia el rol de las empresas como agentes de retención. Los empleadores podrán retener cuotas de afiliación, pero solo con conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre partes. Ya no quedan obligados. Y para retener aportes sindicales, además, se pide autorización de la Secretaría de Trabajo.
OTRAS NOTICIAS
La representación sindical en la empresa también queda más acotada. Cada delegado tendría un crédito de hasta 10 horas mensuales retribuidas para funciones gremiales, salvo que un convenio fije más. Pero el texto aclara que ese derecho no puede interrumpir actividades en el área de trabajo.
La tutela sindical cambia con un corte fino. Rige desde la candidatura, pero cesa si el candidato saca menos del 5% de los votos válidos. Y limita la protección fuerte a titulares electos: suplentes y congresales mantienen una estabilidad relativa, sin las reglas de estabilidad absoluta.
El proyecto suma, además, un capítulo de sanciones por “prácticas desleales” del sindicato. En la lista entran conductas como interferir intencionalmente en la actividad de la empresa mediante asambleas u otras medidas, promover afiliación compulsiva, usar mecanismos extorsivos, hacer represalias contra trabajadores que no adhieran a una medida de fuerza y otras figuras que, de aplicarse, abren un terreno de multa y disputa judicial.
El paquete, en conjunto, busca cambiar el equilibrio: menos margen para la acción directa, más condicionamientos formales y una negociación colectiva que se descentraliza hacia la empresa. Si llega al Congreso, el debate no va a pasar solo por artículos: va a chocar con historia, cultura sindical y poder real.
Te puede interesar
