La Nación declaró la emergencia agropecuaria por inundaciones en ocho partidos de Buenos Aires

El Ministerio de Economía oficializó la emergencia y el desastre agropecuario por inundaciones en ocho partidos de la provincia de Buenos Aires, una medida que regirá hasta el 28 de febrero de 2026, según lo publicado en el Boletín Oficial. La decisión quedó establecida en la Resolución 1974/2025, firmada por Luis Caputo, y abarca explotaciones rurales afectadas en Veinticinco de Mayo, Saladillo, Bragado, Lincoln, General Belgrano, Azul, Pila y Bolívar, donde las anegaciones complicaron la actividad productiva durante los últimos meses.

La resolución respondió a una solicitud presentada por la provincia mediante los decretos 2779 y 2780, ambos del 8 de noviembre de 2025, que fueron evaluados por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios durante una reunión realizada el 20 de noviembre. En los casos de Veinticinco de Mayo y Saladillo, la decisión implicó una prórroga del esquema vigente, originalmente dispuesto por el decreto provincial 1180 del 27 de mayo de 2025 y luego convalidado por la resolución ministerial 1305/2025.

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Para el resto de los distritos afectados, la normativa declaró emergencia y/o desastre agropecuario, según la situación particular de cada jurisdicción y el nivel de daños registrado. El alcance incluye múltiples circunscripciones rurales donde las inundaciones deterioraron suelos, cortaron accesos y alteraron el normal funcionamiento de las explotaciones. El reconocimiento nacional permitirá activar mecanismos de asistencia previstos en la legislación y facilitar la reorganización productiva en zonas donde la acumulación de agua generó pérdidas significativas.

La resolución también instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y a las instituciones bancarias nacionales a aplicar los beneficios contemplados en los artículos 22 y 23 de la Ley 26.509, que habilitan diferimientos impositivos y facilidades crediticias para los productores alcanzados por la medida. Estas herramientas apuntan a reducir el impacto económico inmediato sobre empresas agropecuarias que enfrentan limitaciones financieras por daños en infraestructura, maquinaria y rodeos.

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El esquema de emergencia abre una instancia administrativa que permitirá a los productores gestionar certificaciones, acceder a alivios fiscales y solicitar medidas adicionales de apoyo. La vigencia hasta febrero de 2026 ofrece un margen temporal para evaluar la recuperación de los establecimientos afectados y analizar nuevas disposiciones en caso de que las condiciones climáticas continúen afectando la producción en los mismos partidos bonaerenses.

Fuentes: NA.