El debate sobre la “no cosecha” yerbatera: razones, efectos posibles y antecedentes históricos

La discusión sobre la denominada “no cosecha” volvió a ocupar el centro del conflicto yerbatero tras el anuncio de productores que evalúan no levantar la zafra de verano como forma de protesta frente a un esquema de precios que no cubre los costos básicos de producción. La decisión no aparece como un gesto aislado, sino como la consecuencia directa de una crisis que combina desregulación, deterioro del ingreso real y falta de previsibilidad, según el análisis elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El núcleo del reclamo se explica por una ecuación que dejó de cerrar. En octubre de 2025, el costo informado por el INYM para producir un kilo de hoja verde alcanzó los $424, sin contemplar impuestos ni rentabilidad, mientras que el precio máximo efectivamente pagado fue de $265, lo que implica una pérdida mínima de $159 por kilo para el productor. Esta brecha se agrava cuando se observa que el productor apenas logra captar el 16,4% del precio final en góndola, el peor registro desde 2019.

OTRAS NOTICIAS:

Robo en el barrio René Favaloro terminó con un joven detenido

A este desfasaje estructural se suma un esquema de pagos que profundiza el deterioro. El informe señala que solo el 50% de la producción se cobra al momento de la entrega, mientras que el resto se liquida en cuotas a 30, 60, 90 y hasta 120 días, en un contexto de inflación que licúa el valor real de esos ingresos. La situación se completa con el creciente aumento de cheques rechazados, que agrega incertidumbre financiera a una actividad que requiere planificación de largo plazo.

La reacción del mercado frente al anuncio de “no cosecha” abre un escenario de riesgos cruzados. Por un lado, la reducción deliberada de la oferta busca presionar para recomponer el precio de la materia prima. Por otro, el informe advierte que la falta de previsibilidad desalienta la inversión en nuevas plantaciones, una decisión que no se resuelve en el corto plazo, ya que pueden pasar hasta cinco años entre la inversión inicial y la entrada en producción. En ese marco, el riesgo de desinversión y menor oferta futura aparece como una amenaza concreta para toda la cadena yerbatera.

OTRAS NOTICIAS:

Atlético ganó en Madrid y defendió su lugar entre los cuatro mejores

El conflicto actual encuentra antecedentes claros en la historia reciente del sector. El propio informe recuerda que el Instituto Nacional de la Yerba Mate fue creado en 2002, luego de un histórico “tractorazo” protagonizado por productores que reclamaban reglas de juego claras y precios de referencia. Más de dos décadas después, la discusión vuelve a girar en torno a los mismos ejes: quién fija los precios, cómo se equilibra la oferta y de qué manera se protege al eslabón más débil de la cadena.

La desregulación impulsada por el DNU 70/2023, que quitó al INYM la facultad de fijar precios, aparece como un punto de inflexión en este proceso. Aunque parte de esas disposiciones fueron suspendidas judicialmente, el informe advierte que la ausencia de acuerdos semestrales y de referencias oficiales dejó al productor expuesto a decisiones unilaterales de las industrias más concentradas, que tienen mayor capacidad para absorber costos y sostener precios de góndola por debajo de la inflación.

OTRAS NOTICIAS:

Sierra Grande inauguró el Centro de Informes Turísticos en el acceso sur y refuerza su perfil regional

En este contexto, la “no cosecha” funciona más como síntoma que como causa del conflicto. La medida expresa el límite de un esquema donde producir implica perder dinero y esperar pagos que se licúan con el tiempo. Al mismo tiempo, expone una tensión de fondo: sin precios que cubran costos, el riesgo no es solo una zafra menos, sino un deterioro estructural de la oferta en el mediano plazo, con impacto sobre productores, industria y consumidores.