La reforma del Gobierno a la Ley de Manejo del Fuego unió al peronismo y al PRO.
El Gobierno abrió un nuevo frente político al impulsar cambios en la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa incluida en el paquete del Consejo de Mayo unificó posturas entre el peronismo y el PRO, que coincidieron en rechazar la modificación promovida por la Casa Rosada.
Desde el Ejecutivo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni sostuvo que la reforma busca eliminar la prohibición de cambiar el uso productivo del suelo por 30 o 60 años tras un incendio, una restricción incorporada en 2020. Para el oficialismo, la norma actual “atenta contra la producción”.
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La respuesta no tardó en llegar. La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, cuestionó con dureza el planteo y afirmó que la ley vigente solo desalienta “prender fuego” para beneficiar intereses inmobiliarios. Además, recordó que el 95% de los incendios tiene origen humano, según datos oficiales.
Vilar defendió el espíritu de la norma al señalar que no prohíbe vender tierras ni producir, sino que limita el cambio de uso del suelo para evitar prácticas intencionales que dañan ecosistemas y comunidades. En paralelo, el bloque de La Libertad Avanza insistió en que la ley representa un avance sobre la propiedad privada y no resuelve el problema de fondo. Los libertarios respaldaron un proyecto alternativo que propone otro enfoque.
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El PRO también tomó distancia del Gobierno. Los diputados macristas advirtieron sobre la posible inconstitucionalidad de la reforma y remarcaron que no se puede restringir al propietario sin probar la intencionalidad del incendio.
La coincidencia entre peronismo y PRO dejó un escenario inesperado. El futuro de la ley se definirá en el Congreso, con un debate que ya reordenó alianzas y tensiones políticas.
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Sergio Bustos
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