

El diputado provincial Luis Juncos planteó que, en jornadas legislativas cargadas, lo que realmente importa no es el intercambio político sino el efecto concreto de las decisiones. En una entrevista en el programa “El Quinto Poder” por #LA17, describió el “superjueves” como un día con múltiples tratamientos, pero pidió mirar el resultado final: qué cambia en la vida diaria de la gente.


“Hay decisiones muy importantes, las decisiones son importantes, las discusiones no tantas”, afirmó Juncos al marcar una crítica al tono habitual de los recintos. Según su visión, muchas sesiones terminan atrapadas en cruces ideológicos y comparaciones con gestiones anteriores, y eso corre del centro a quien debería ser el destinatario: la comunidad.
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En ese marco, señaló que una de las votaciones de mayor peso apunta al financiamiento para el acueducto de la zona sur. Indicó que se trata de un esquema con respaldo externo de la Corporación Andina de Fomento, con un monto de 150 millones de dólares, orientado a atender una crisis hídrica que atraviesa a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, el norte de Santa Cruz y también a localidades vinculadas por el sistema de abastecimiento.
Juncos describió el problema como estructural y de larga data, con décadas de déficit en obras y limitaciones para potabilizar el caudal necesario. En la entrevista, también ubicó el tema en un mapa más amplio y mencionó que en el Valle existen restricciones propias: plantas potabilizadoras que no alcanzan a cubrir la demanda de Trelew y Rawson, y un cuello de botella en la toma de agua que condiciona a Puerto Madryn, aunque esa ciudad no sufra el mismo tipo de inconvenientes en la conducción del acueducto.
Al hablar del financiamiento, sostuvo que las discusiones legislativas se concentrarán más en la asignación de fondos que en el objetivo de la obra. “Lo importante creo yo y lo que voy a defender desde mi lugar es la posibilidad de concretar una obra con un financiamiento internacional”, remarcó, y explicó que conseguir crédito para infraestructura es una tarea compleja para cualquier gestión.
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El legislador también se metió en una reflexión sobre prioridades. Planteó que gobernar implica jerarquizar necesidades, porque son infinitas en cualquier ciudad, y advirtió que muchas veces se privilegia lo visible mientras lo esencial queda relegado. En esa línea, sostuvo que las ciudades “se deben construir de abajo hacia arriba”, con redes de agua, cloacas y gas como base, aunque esas obras no siempre se vean en el corto plazo.
En el tramo político-económico, Juncos vinculó la discusión con el historial hidrocarburífero de la región. Dijo que, al revisar concesiones y decisiones de muchos años, no se observa un salto equivalente en infraestructura como el que hoy se asocia a Neuquén. Cuestionó que, en “los mejores años” del sector, la región no consolidó un progreso del mismo tamaño en rutas y servicios, y sostuvo que esa mirada no se comparte desde su espacio.
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El diputado también habló de la energía como agenda de futuro y pidió ampliar la perspectiva más allá del petróleo. Mencionó la extensión de beneficios para inversiones eólicas y la necesidad de avanzar en marcos normativos como el del hidrógeno. “La energía es el futuro y hay que buscar alternativas”, expresó, al argumentar que la tecnología, los consumos digitales y la propia inteligencia artificial demandan cada vez más energía.
Además del acueducto, enumeró otros temas del “superjueves” legislativo. Señaló el tratamiento de Presupuesto y Código Fiscal, con una actualización importante por el cambio en la estructura recaudatoria provincial: “Históricamente fue Rentas, ahora hay una agencia de recaudación”, explicó, y mencionó la adecuación normativa para el funcionamiento de la ARECh.
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Por último, Juncos se refirió a una iniciativa que reemplaza una ley anterior vinculada a financiamiento de corto plazo. Detalló que se busca autorizar la emisión de letras por 170.000 millones de pesos, y aclaró que no lo presenta como nuevo endeudamiento sino como una actualización por cambios regulatorios del Banco Central y del Ministerio del Interior, que impiden seguir usando el esquema de 2012.





















