Detectaron una red de extorsión sexual operada desde una cárcel

Una investigación judicial permitió desarticular una estructura de extorsión sexual que funcionaba desde el interior de la Unidad Penitenciaria N.º 13 de Junín, donde tres personas privadas de la libertad fueron imputadas por delitos cometidos a través de redes sociales. El caso se inició a partir de denuncias de víctimas que relataron amenazas y pedidos de dinero para evitar la difusión de imágenes íntimas.

De acuerdo con la pesquisa, los contactos comenzaban en Facebook, donde los agresores entablaban conversaciones con mujeres adultas. En ese intercambio, se solicitaban y compartían imágenes de contenido sexual, en un vínculo que parecía consensuado hasta que el diálogo derivaba en amenazas directas.

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Según consta en la causa, una vez obtenidas las imágenes, los imputados exigían pagos de dinero bajo la advertencia de publicar el material si las víctimas no accedían a la extorsión. La modalidad se repetía con distintos perfiles, lo que permitió a los investigadores identificar un patrón de conducta sostenido en el tiempo.

Las denuncias iniciales de dos víctimas activaron la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, a cargo de Fernando Graffigna, junto con la UFI N.º 6 de Junín, conducida por Fernanda Sánchez. Desde allí se dispuso una investigación integral sobre el origen de las comunicaciones.

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En el marco de las tareas técnicas, los investigadores lograron reconstruir direcciones IP, impactos de antenas de telefonía, números IMEI, identificación de dispositivos y la ubicación geográfica desde donde se realizaban las conexiones. Ese relevamiento resultó determinante para establecer que los mensajes salían desde el interior del establecimiento penitenciario.

Con el avance del expediente, la Justicia constató la existencia de un “call center” clandestino que operaba dentro de la cárcel. La estructura permitía a los internos coordinar contactos, administrar conversaciones simultáneas y sostener el circuito de amenazas y cobros.

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Ante la gravedad de los hallazgos, se ordenó un allanamiento de urgencia en la Unidad Penitenciaria 13. Durante el procedimiento se secuestraron elementos tecnológicos que reforzaron la hipótesis de una operatoria organizada, sostenida con recursos prohibidos en el régimen carcelario.

Medios locales indicaron que los tres internos imputados eran quienes ejecutaban de manera directa las amenazas y gestionaban los pedidos de dinero. La investigación también analiza si existieron colaboradores externos que facilitaran los cobros o el manejo de cuentas.

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El caso volvió a poner en discusión los controles sobre el uso de dispositivos de comunicación dentro de establecimientos penitenciarios y la capacidad de algunos internos para cometer delitos complejos desde prisión. Desde la Justicia subrayaron la importancia de la denuncia temprana de las víctimas para desactivar este tipo de maniobras.

Fuente: NA