Río Negro instalará 150 radares y promete controles con señalización y homologación

El Gobierno de Río Negro anunció una renovación del esquema de control vial con la puesta en funcionamiento de 150 nuevos radares distribuidos en puntos críticos de la red caminera provincial. La medida se canaliza a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y se plantea como una respuesta a los excesos de velocidad, sobre todo en tramos donde conviven tránsito turístico, circulación urbana y transporte pesado.

Según la información oficial, la instalación ya se observa en algunos sectores y el plan prevé completar el despliegue en un plazo máximo de seis meses. Las autoridades sostienen que el objetivo no pasa por recaudar, sino por modificar conductas al volante, con controles visibles y reglas claras para los conductores que circulan por rutas de alto flujo.

El esquema incluye equipos con tecnología actualizada, con la premisa de que cada medición cumpla las condiciones exigidas por la normativa. Desde el Ejecutivo rionegrino indicaron que los dispositivos estarán homologados y señalizados, un punto que suele concentrar reclamos cuando los controles aparecen sin cartelería o con criterios poco uniformes entre jurisdicciones.

La distribución de los cinemómetros se apoya en un relevamiento técnico de siniestralidad y concentra el foco en rutas de alto tránsito. En Río Negro, los nuevos radares se ubicarán principalmente sobre las rutas nacionales 22, 151 y 3, además de rutas provinciales con mayor circulación. El anuncio remarca especialmente el Alto Valle, donde la densidad poblacional y el tránsito de carga forman escenarios de riesgo más frecuentes.

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El plan también contempla reforzar la vigilancia en accesos a localidades balnearias y en la zona andina, por el movimiento turístico que se mantiene durante todo el año. A la par de los radares fijos, se proyecta el uso de unidades móviles para fiscalización dinámica, sobre todo en sectores con obras, desvíos o condiciones climáticas adversas que cambian el comportamiento del tránsito en pocos kilómetros.

Un punto central del esquema oficial es que la ubicación de los dispositivos será pública. La Provincia sostiene que el efecto preventivo se fortalece cuando el conductor sabe que hay control y regula su velocidad antes de llegar al punto de medición. En ese sentido, el mensaje busca correr la discusión de la sanción y llevarla a la previsibilidad del control, con señalización y presencia sostenida.

En el cronograma informado, el despliegue total queda previsto dentro de 180 días, pero con una condición técnica previa para cada equipo. Durante ese período, los radares deberán pasar auditorías del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y de la Secretaría de Comercio de la Nación, un paso que suele ser determinante para que las multas tengan respaldo administrativo y no queden expuestas a impugnaciones.

También se anticipa un período de prueba y adaptación, con campañas informativas para evitar sorpresas. La APSV remarcó que los límites máximos varían según el tipo de vía y que se reforzará la cartelería en los corredores donde se instalen los radares. En la comunicación oficial, la Provincia sintetizó ese enfoque con una frase: "Buscamos un sistema de control inteligente que priorice la vida por sobre la sanción".

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El texto de referencia además muestra que la expansión de cinemómetros no queda limitada a Río Negro. En Entre Ríos, la Dirección de Prevención y Seguridad Vial (DPySV) informó que ya contaba con cerca de 23 radares y sumó equipos en sectores estratégicos, con atención especial en el Puente Rosario–Victoria sobre la Ruta Nacional 174, donde se agregaron tres dispositivos y se remarcó el límite de 80 km/h.

En esa misma provincia, el refuerzo se extendió a tramos de la Ruta Nacional 18 y a rutas provinciales como la 11, la 39 y la 20, con controles fijos y móviles cerca de centros poblados. Desde la Dirección explicaron el criterio con una definición: "El objetivo es acompañar la normativa vigente y generar mayor control en sectores donde se registran excesos de velocidad".

En Santa Fe, en tanto, se informó la instalación de cinemómetros en la Ruta Provincial 10, en la localidad de Felicia, con equipos visibles pero todavía fuera de régimen sancionatorio. La comunicación sostiene que atraviesan una etapa de “calibración y pruebas”, una instancia técnica habitual antes de la homologación final, especialmente en accesos urbanos donde la convivencia entre tránsito pasante y circulación local suele generar más infracciones.

El debate alrededor de los radares suele cruzarse con el costo de las sanciones. En el material aportado se menciona el sistema de Unidades Fijas (UF) para calcular multas y se señala un monto mínimo de $508.095 para excesos de velocidad, con actualización vinculada al precio del combustible. Con más controles en rutas nacionales y provinciales, los gobiernos provinciales buscan que el conductor ajuste hábitos, mientras el usuario pide señalización clara, criterios uniformes y procesos de homologación transparentes.