Cerraron la causa por estafas a Petroleros tras un acuerdo y devolución total del dinero

La causa por estafas millonarias contra la obra social de los trabajadores petroleros OS.PE.RI. terminó con un acuerdo entre el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y los médicos investigados. La Fiscalía suspendió el avance del proceso penal porque las partes alcanzaron una conciliación extrajudicial que resolvió el conflicto y contempló la devolución del dinero. Con esa salida, el expediente quedó cerrado y también se ordenó la restitución de lo que se secuestró durante la investigación.

El caso se conoció por la gravedad de las irregularidades que describió la denuncia y por cómo aparecían asentadas en la documentación médica. En uno de los ejemplos que circuló en la causa, una nena, hija de petroleros, figuraba con tres cirugías de urgencia en 40 minutos, sin prequirúrgico y con un alta asentada a los 20 minutos, según la ficha presentada por el traumatólogo y el anestesista bajo investigación. Ese tipo de registros alimentó las sospechas sobre intervenciones fraguadas y facturadas como si fueran reales.

La maniobra también se reveló a partir de situaciones que chocaban con el relato administrativo de las prestaciones. En un momento, cuando consultaron al padre de un niño por la evolución de su hijo, quien figuraba en recuperación por una cirugía, la respuesta fue contundente: el chico no pasó por quirófano y solo tuvo un golpe. Ese contraste entre lo que decía el papel y lo que vivían las familias empujó al gremio a profundizar una auditoría interna.

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Según se informó, el Sindicato llevó adelante una revisión que demandó meses y reunió evidencia de irregularidades entre enero y junio de 2024. El perjuicio estimado superó los 200 millones de pesos y, de acuerdo con la querella, la operatoria se materializó con la facturación de 13 cirugías que nunca se realizaron a hijos e hijas de afiliados. El eje de la denuncia apuntó a la presentación de documentación y prácticas médicas que no cerraban con los estándares habituales.

En pleno proceso, el secretario general Marcelo Rucci cuestionó con dureza a los profesionales señalados. El dirigente puso el foco en el uso de historias clínicas de chicos y en el impacto que eso tiene sobre las familias afiliadas. En esa línea, sostuvo que la utilización de niños para las estafas “muestra el grado de desfachatez, es indignante”.

El gremio también pidió que la pesquisa se ampliara e incorporara a dos médicas auditoras identificadas como C.V.E. (Allen, Río Negro) y P.V.M. (Neuquén Capital). Según el planteo, ambas habrían avalado procedimientos irregulares dentro de un entramado de estafa y uso de documentación falsa. En el escrito citado, se afirmó que las profesionales “contrariando toda práctica médica habitual y razonable, autorizaron las operaciones simuladas, siendo partícipes necesarias de la maniobra pergeñada por los médicos”.

Aun con ese tramo de la denuncia, el cierre por conciliación también alcanzó a esa parte del conflicto. El texto indica que, con el acuerdo, las auditoras tampoco quedaron judicializadas y que solo recibieron una desvinculación laboral. La salida del expediente se apoyó en que la reparación privada satisfizo el interés de la parte querellante, que en el caso quedó posicionada como víctima.

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Las actuaciones del Ministerio Público Fiscal reconstruyeron que la investigación se activó en febrero de 2025 con una denuncia de la comisión directiva sindical, presentada ante la entonces fiscal de Delitos Económicos Valeria Panozzo. Allí se describieron irregularidades surgidas de una auditoría interna vinculadas al fraguado de intervenciones quirúrgicas. El MPF realizó medidas, pidió informes, tomó entrevistas y ordenó allanamientos, hasta que el 18 de noviembre la querella informó que alcanzó un acuerdo con los sindicados como responsables.

Al fundamentar la decisión, Panozzo explicó que la salida se encuadró en un criterio de oportunidad por conciliación de partes. En su argumento, afirmó: “Analizado el caso, entiendo que el conflicto primario entre los protagonistas se ha resuelto de manera extrajudicial, satisfaciendo íntegramente el interés de la parte querellante –víctima en el caso-.” También agregó: “En tal sentido, y considerando que el derecho penal es la última ratio del sistema jurídico, considero que corresponde la aplicación de un criterio de oportunidad por conciliación de las partes que resolvió el conflicto primario”. Con esa base, dispuso el cierre de la causa y la restitución de los elementos secuestrados.

Del lado del sindicato, Rucci ya marcaba un límite para el futuro vínculo con los prestadores, incluso antes del desenlace. En ese contexto, señaló que los pasos judiciales “será una resolución de ellos”, pero remarcó una decisión interna: “obviamente, con nosotros no trabajan nunca más”. Esa condición quedó asociada al acuerdo económico que permitió recuperar el dinero.

El abogado querellante Marcelo Hertzriken Velazco detalló que las instrucciones del secretario general fueron estrictas al momento de fijar los términos. En diálogo con el medio citado, afirmó: “recuperar todos los montos sustraídos, con intereses y costas, que los dos profesionales sospechados como imputados, traumatólogos y anestesistas no trabajen como prestadores ni para la obra social, ni mutual, sindicato o art, a eternidad”. Además, agregó otro objetivo del entendimiento: “y que la misma asociación de anestesistas tome los recaudos disciplinarios contra sus propios asociados”.