AFA Gate: denuncian red de empresas ligada a finanzas, juego y operaciones cambiarias

Una denuncia presentada por legisladores de la Coalición Cívica abrió un frente judicial que expone un entramado de empresas y personas que, según la acusación, podrían estar vinculadas al lavado de activos, al mercado cambiario irregular y al juego clandestino. El eje inicial del caso es la compra de una propiedad de lujo de 105.384 metros cuadrados en Villa Rosa, Pilar, a través de la firma Central Park Drinks SRL, hoy llamada Real Central SRL.

La presentación apunta contra Nicolás Pantano, monotributista, y Ana Lucía Conte, jubilada, quienes figuran como titulares de la sociedad compradora. Para los denunciantes, la magnitud de la operación no se condice con los perfiles económicos declarados. A partir de ese punto, la investigación empieza a ramificarse hacia sociedades y personas con conexiones directas e indirectas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En ese recorrido aparecen nombres centrales del poder futbolístico, como el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. Según la denuncia, ambos quedarían vinculados a un esquema de empresas que incluye operadores financieros, casas de cambio, firmas dedicadas al juego, al negocio inmobiliario, a la compra y venta de autos y a actividades ganaderas y hípicas.

Uno de los nombres que surge en el plano financiero es Ariel Vallejos, titular de Sur Finanzas, investigado por la Justicia y por ARCA por presuntas maniobras cambiarias. En paralelo, el Banco Central analiza operaciones realizadas durante el cepo, cuando casas de cambio y bancos habrían accedido a dólares oficiales que luego terminaron en el mercado libre. El volumen bajo análisis alcanza, según consta en actuaciones oficiales, unos 1.400 millones de dólares.

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A esto se suma otra causa judicial vinculada a importaciones que no se concretaban, pero que igualmente habilitaban el acceso a dólares oficiales. En esas operatorias aparecen mencionados el empresario Elías Pichirillo, conocido como el “Rey del Blue”, y el propio Vallejos, ambos imputados en expedientes por lavado de activos. Las autorizaciones, según la investigación, se otorgaban desde áreas del Estado durante el gobierno de Alberto Fernández.

El núcleo societario que dio origen a la denuncia se centra en Real Central SRL, creada originalmente como Central Park Drinks SRL por Diego Adrián Lucero y Nicolás Pantano. En 2022, Lucero cedió su participación a Ana Lucía Conte, quien pasó a controlar el 95% del capital, mientras que Pantano quedó con el 5%. En 2024, la empresa cambió de nombre y elevó su capital social de $300.000 a $58 millones.

Lucero figura como empleado de Servicios Lindor SRL, firma vinculada a Javier Paz y Orlando Martín López, dos nombres que se repiten en sociedades relacionadas con Pablo Toviggino. La propiedad adquirida en Pilar pertenecía a Malte SRL, que la había comprado en 2017 a Carlos Tévez. Malte, a su vez, era controlada por SOMA SRL, empresa que tuvo a Toviggino como accionista mayoritario.

De acuerdo con información recopilada en la investigación, Toviggino aparece relacionado con una extensa lista de sociedades: Norte Argentino SRL, HT SRL, Malte SRL, DCT SRL, BORI SRL, Social HT SRL, Indunoa SRL y SOMA SRL. Varios de estos nombres reaparecen en movimientos societarios recientes que despertaron sospechas en la Justicia.

Entre el 7 y el 13 de junio de 2025 se registraron transferencias consideradas llamativas. En ese lapso, Javier Paz recibió acciones de Norte Argentino SRL, firma que tenía como principal accionista a SOMA, y casi en simultáneo las transfirió a Malte SRL. Paz también pasó a controlar SOMA, con el 95% de las acciones, consolidándose como una figura clave dentro del esquema.

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Norte Argentino SRL resulta central para los investigadores. Fue creada en 2007 por Pablo Toviggino y Guillermo Santillán, con domicilio en Ramón Cardozo 5157, barrio Ejército Argentino, en Santiago del Estero, la misma dirección declarada por Malte y SOMA. Para la Justicia, esa empresa podría ser la puerta de entrada para determinar quién controla realmente el entramado.

Toviggino se desprendió formalmente de sus acciones en 2011, cuando las transfirió a Manuel Hernán del Castillo Orellana, hermano de su esposa. Sin embargo, la firma volvió a aparecer en la trama actual. En julio de 2025, Malte SRL y Javier Paz vendieron todas las acciones y Paz quedó designado como director junto a Guillermo Luis Santillán, el socio original de Toviggino.

En esa misma estructura aparece Rosalía Argañaraz, directora de Norte Argentino SRL y fundadora de Barwa SRL, empresa que luego pasó a manos de los hijos de Toviggino, Máximo y Valentina, quienes cambiaron su objeto hacia actividades ganaderas y agropecuarias. Esa línea conecta con versiones sobre campos en Santiago del Estero, presuntamente dedicados a la producción de soja.

La investigación también menciona vínculos políticos y deportivos. Productores locales sostienen que parte de esas tierras habría sido expropiada con respaldo del exgobernador Gerardo Zamora, señalado en la denuncia como socio de Toviggino en negocios vinculados al fútbol. Un dato citado es el uso reiterado del Estadio Madre de Ciudades para finales organizadas por la AFA: 10 de las últimas 15 se disputaron allí.

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El expediente suma además nombres de exfuncionarios de la AFA. María Florencia Sartirana, exgerenta de Finanzas del organismo, figura como cotitular de cuentas de Malte SRL y como administradora suplente de Wicca S.A.S., firma que vendió lotes a Real Central SRL. Sartirana participó en la implementación del VAR y Malte recibió 550.000 dólares vinculados a ese sistema en Ezeiza.

Los denunciantes pidieron ampliar la investigación e incluir a Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon, Mauro Javier Paz y María Florencia Sartirana, por sus roles en distintas sociedades. La presentación remarca que muchas empresas se inscriben el mismo día en el Boletín Oficial de Santiago del Estero, comparten domicilios, escribanía y rotan directores sin capacidad económica aparente.

Según la denuncia, esa rotación cada dos años buscaría dificultar la trazabilidad de los fondos. El esquema se completa con empresas vinculadas al vino, al real estate y a emprendimientos gastronómicos, donde vuelven a aparecer los mismos nombres y domicilios. La causa ya tramita en el fuero penal económico y avanza sobre una estructura que, para los denunciantes, excede largamente una operación inmobiliaria aislada.