La Justicia argentina mueve una ficha global y pide traer a Maduro para indagarlo en Buenos Aires

La Justicia argentina decidió avanzar sobre un terreno que trasciende fronteras y equilibrios diplomáticos. Este miércoles, un juzgado federal activó un pedido formal que coloca a Nicolás Maduro en el centro de una investigación penal de alcance internacional. El movimiento no solo impacta en el expediente, sino también en el escenario geopolítico regional.

El exhorto fue firmado por el juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2. El magistrado solicitó a los Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro Moros con el objetivo de que sea trasladado a la Argentina para prestar declaración indagatoria. La decisión se apoya en información judicial que indica que el líder venezolano habría sido detenido y trasladado privado de su libertad a suelo norteamericano.

La resolución tiene fecha del 4 de febrero de 2026 y pone en marcha los mecanismos de cooperación internacional previstos entre ambos países. En su escrito, Ramos ordenó librar un “exhorto internacional a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros”, citando expresamente el Tratado de Extradición firmado en 1997 entre Buenos Aires y Washington.

El objetivo procesal es claro: someter a Maduro a una declaración indagatoria en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad. Ese llamado ya había sido ordenado por la Sala I de la Cámara Federal porteña en septiembre de 2024 y volvió a ser ratificado el 15 de enero de 2026, lo que obligó al juzgado de primera instancia a ejecutar la medida.

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Para evitar demoras, el juez dispuso la traducción urgente del exhorto y de toda la documentación adjunta. Además, estableció que el pedido sea canalizado a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, el área encargada de articular la diplomacia judicial con otros Estados.

El trasfondo jurídico de la causa se apoya en el principio de justicia universal, una doctrina que permite a un país investigar delitos de extrema gravedad aun cuando hayan ocurrido fuera de su territorio. En este expediente, los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens entendieron que en Venezuela no existen garantías judiciales para avanzar contra el poder político, lo que habilita la intervención argentina.

La investigación se originó a partir de denuncias del Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación Internacional para la Libertad, a las que se sumaron testimonios directos de víctimas del régimen venezolano que lograron refugiarse en la Argentina. La querella representa a familias que denunciaron torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y persecución política.

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Según consta en el expediente, esas violaciones habrían sido ejecutadas a través de organismos de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM, señalados como engranajes centrales del aparato represivo. La Justicia argentina consideró que esos hechos encuadran en delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben.

La resolución firmada este miércoles también incluyó medidas complementarias. Ramos ordenó notificar a Interpolpara ratificar la vigencia de las alertas rojas internacionales que pesan sobre Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno, entre ellos Diosdado Cabello. La comunicación también alcanzó al fiscal federal Carlos Stornelli y a las querellas unificadas.

En paralelo, el juez rechazó presentaciones de terceros que no cumplían los requisitos formales para intervenir en la causa. De ese modo, el expediente quedó circunscripto exclusivamente al trámite de extradición y a la investigación penal en curso, sin derivaciones accesorias.

Con el exhorto ya enviado, la decisión final queda ahora en manos de las autoridades estadounidenses. Si el pedido prospera, la Argentina podría abrir un proceso judicial inédito para indagar en su territorio a un jefe de Estado extranjero por un plan sistemático de represión denunciado a nivel internacional.