El cobre promete dólares récord, pero una frase en la Ley de Glaciares frena todo

Actualidad04/02/2026

Mina Cobre

La minería proyecta un salto exportador hacia 2035, con el cobre como motor, pero el Senado debate una “adecuación técnica” que redefine qué se protege y quién decide.

En el tablero de la economía argentina, el cobre aparece como una promesa difícil de ignorar y, al mismo tiempo, como un negocio que todavía no encuentra piso firme para despegar. Un informe de la consultora Invecq plantea que el país podría acumular US$55.000 millones en exportaciones de cobre hasta 2035, pero ese escenario no depende solo de geología y capitales: también queda atado a cómo se interprete y se modifique la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares.

La discusión toma forma en el Congreso con fecha marcada. El 11 de febrero el Senado prevé tratar una adecuación técnica orientada a definir con mayor precisión el ambiente periglaciar, un concepto clave para habilitar o restringir actividad productiva en zonas sensibles. El cambio apunta a provincias con fuerte cartera minera e hidrocarburífera como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, y se presenta como un intento por despejar incertidumbres que hoy traban inversiones.

OTRAS NOTICIAS:

En términos prácticos, la reforma busca ajustar el alcance de la protección legal para concentrarla en los cuerpos de hielo que actúen como reservas estratégicas o alimentadores de cuencas. Bajo ese criterio, las áreas quedarían habilitadas para proyectos productivos si no se prueba una función hídrica relevante, con aval técnico del Instituto Nacional de Glaciología (Ianigla) y el acompañamiento de las provincias. Ese punto, que parece técnico, se convirtió en el núcleo político de la pelea.

Del lado científico, el valor de los glaciares se vincula a la provisión de agua en regiones áridas y al impacto de un clima cada vez más exigente. Según se informó, Pedro Eugenio Villagra, director del Ianigla, advirtió ante el Senado que el sistema de glaciares abastece de forma directa a más de siete millones de personas, cerca del 18% de la población, en un contexto atravesado por sequía y temperaturas en alza. Esa alerta se cruza con la pregunta de fondo: quién define qué hielo “sirve” y qué terreno se libera.

OTRAS NOTICIAS:

En paralelo, organizaciones ambientales y sectores científicos denuncian que el recorte del alcance legal implica una “regresión normativa” y que podría vulnerar compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú. Del otro lado, el Gobierno y las provincias mineras sostienen que la ley actual resulta excesivamente restrictiva y que deja a la Argentina a contramano del mercado global de minerales críticos. La pulseada ya no gira solo alrededor del cobre: también discute poder, control territorial y acceso al agua.

Los números que empujan el debate son grandes y explican el interés. La minería argentina acumuló una suba del 70% en exportaciones en la última década y llegó en 2025 a US$6000 millones. Para Invecq, el potencial permitiría llevar esa cifra a más de US$25.000 millones anuales hacia 2035, siempre que el marco normativo y la macroeconomía acompañen, y que los proyectos no queden atrapados en una espera eterna.

OTRAS NOTICIAS:

En la lectura de la consultora, el cobre concentra el margen de expansión, pero el cambio de fase requiere señales claras. El economista Santiago Bulat, de Invecq, lo planteó con una frase que condensa el problema: “Si no avanzan los cambios, los proyectos continuarán en procesos de exploración pero no iniciarán la fase operativa”. A esa variable sumó otras que pesan en cualquier decisión de inversión, como el riesgo país y el acceso al mercado de cambios para importar equipamiento.

La discusión se conecta además con un mapa concreto de iniciativas. El relevamiento menciona que la puesta en marcha de seis grandes proyectos de cobre en etapas avanzadas —como El Pachón, Los Azules y Taca Taca— “permitiría consolidar a la minería como el tercer generador de divisas de la economía argentina”. En ese paquete, Invecq ubica gastos de capital estimados de US$22.000 millones solo en cobre, una cifra que requiere estabilidad regulatoria para transformarse en obra, empleo y exportación.

OTRAS NOTICIAS:

Desde el sector empresarial, el diagnóstico insiste en que la Argentina ya atrae nombres pesados, pero convive con zonas grises. Roberto Cacciola, presidente de la Cámara de Empresas Mineras (CAEM), afirmó: “Los recursos ya son una realidad y los principales jugadores del mundo como Broken Hill Proprietary (BHP), Rio Tinto y Glencore están en el país”. Según su planteo, el 70% de los recursos de cobre conocidos queda en áreas donde la interpretación actual de la ley abre incertidumbre técnica, y por eso reclama precisiones que eviten frenar proyectos por definiciones imprecisas.

Cacciola también buscó fijar una posición intermedia sobre el punto más sensible del debate. El titular de CAEM sostuvo que el sector “está totalmente de acuerdo con la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar que cumpla una función hídrica relevante”, pero pidió una norma con criterios científicos que diferencie qué se preserva y qué permite actividad productiva. El trasfondo no se agota en permisos: también define qué autoridad pesa más —Nación o provincias— cuando se discute el valor hídrico de un cuerpo de hielo.

OTRAS NOTICIAS:

Mientras tanto, la minería muestra un impacto laboral que alimenta el argumento económico, aunque también abre un desafío social. Invecq calcula que el sector emplea a casi 40.000 personas de forma directa y que sus salarios superan en cuatro veces el promedio del sector privado registrado. Además, estima que existen más de 16.000 empresas proveedoras y que el entramado genera unos 94.000 empleos indirectos, aunque con una demanda insatisfecha de mano de obra calificada en oficios, un punto que empuja a coordinar formación entre provincias, universidades y compañías.

El contraste aparece con la minería no metalífera, más ligada al mercado interno. Ese segmento —cal, cemento y rocas— registra caída por el freno de la obra pública nacional, según el informe, mientras la industria metalífera sostiene que la inversión privada permitió desarrollar infraestructura vial y energética en zonas remotas. En ese cruce de argumentos, el cobre queda en el centro de una disyuntiva que mezcla dólares, reglas ambientales y un recurso que en el país seco vale más que cualquier promesa.

Fuente: LA NACION.