Poder Judicial.
La legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) presentó en la Legislatura un proyecto de ley para eliminar la feria judicial de verano e invierno y establecer un funcionamiento continuo del Poder Judicial durante todo el año. La iniciativa apunta a que el servicio de justicia no tenga interrupciones prolongadas y que los tiempos del proceso sigan su curso sin pausas por calendario.
El texto propone modificar el artículo 18 de la Ley Provincial N.º 5190. En concreto, plantea que no se suspendan los plazos procesales en ningún momento del año y que el servicio se preste de manera regular, con organización interna para sostener la actividad. La medida, según el proyecto, busca atacar demoras que se repiten año tras año por acumulación de expedientes.
En los fundamentos, Mansilla sostiene que la feria judicial responde a una lógica histórica vinculada a limitaciones materiales y organizativas que hoy ya no condicionan el trabajo cotidiano. Plantea que el escenario cambió con el uso de herramientas digitales, expediente electrónico, notificaciones remotas y audiencias virtuales. Con ese soporte, afirma, el sistema puede sostener continuidad sin resentir su funcionamiento.
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El proyecto incluye una advertencia sobre el impacto de la feria en el acceso a la justicia y lo presenta como un problema de estructura. En el texto, la autora afirma: “El acceso a la justicia es un derecho constitucional que se ve afectado por las demoras estructurales que genera la paralización de plazos durante varias semanas al año”. En esa línea, agrega que la suspensión periódica provoca acumulación de causas, dilaciones y una imagen social de ineficiencia.
La propuesta aclara que la eliminación de la feria no implica recortar derechos laborales del personal judicial. Mansilla plantea reemplazarla por un régimen moderno de licencias ordinarias y especiales, organizadas de manera escalonada. La intención es que haya descanso y cobertura, pero sin frenar el funcionamiento del servicio.
La reglamentación quedaría a cargo del Superior Tribunal de Justicia, que deberá asegurar la continuidad mediante turnos, subrogancias y reemplazos. El esquema prevé una administración interna que distribuya tareas y garantice que siempre haya equipos operativos. El proyecto ubica esa organización como condición central para sostener los plazos activos durante todo el año.
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Entre los argumentos, la iniciativa sostiene que un Poder Judicial en actividad permanente mejora la seguridad jurídica y la previsibilidad de las decisiones. También lo vincula con un mejor clima para el desenvolvimiento económico, al reducir incertidumbres y demoras. En el plano institucional, la autora plantea que la continuidad fortalece la confianza pública en el sistema.
El texto incorpora un antecedente para respaldar la viabilidad del cambio. Menciona que otras jurisdicciones ya avanzaron con reformas similares y cita el caso de San Luis, donde se adoptó un esquema de funcionamiento judicial continuo. Con esa referencia, Mansilla busca mostrar que el modelo puede aplicarse si existe una organización eficiente de recursos y licencias.
El proyecto ahora queda sujeto al recorrido legislativo y al debate dentro de la Legislatura rionegrina. En ese camino, la discusión combinará criterios de acceso a la justicia, organización del trabajo judicial y tiempos procesales. La propuesta instala una pregunta de fondo: cómo sostener descanso del personal y, al mismo tiempo, evitar parálisis prolongadas en el servicio.
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