Dictan sentencia en una causa por crímenes de la dictadura en Comodoro Rivadavia
Chubut19/12/2025
REDACCIÓN
Tribunal Oral Federal
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Comodoro Rivadavia dio a conocer la sentencia en la causa “FCR 8008/2008, Chanfreau Jorge Alberto y otros”, un expediente que investigó delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El fallo puso fin a un juicio oral que comenzó el 28 de agosto de 2025 y que examinó hechos ocurridos en el marco del terrorismo de Estado.
El tribunal estuvo presidido por la Dra. Ana María D’Alessio, con la integración de los vocales Dr. Enrique Nicolás Baronetto y Dr. Alejandro Cabral. Tras meses de debate, los magistrados dictaron veredicto luego de analizar un volumen significativo de pruebas y testimonios vinculados a violaciones graves de derechos humanos.
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Durante el proceso se investigaron hechos que afectaron a 23 víctimas y se juzgó la conducta de 7 imputados. Los delitos abordados incluyeron privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal y violación de domicilio, todos cometidos en un contexto represivo sistemático.
La base probatoria reunió 32 testimonios, entre ellos 16 declaraciones de víctimas, además de tres inspecciones oculares realizadas en antiguos Centros Clandestinos de Detención. Ese material permitió reconstruir el funcionamiento de los dispositivos represivos y el rol de los acusados en los hechos investigados.
En su resolución, el Tribunal declaró que los delitos juzgados constituyen crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, rechazó los planteos de prescripción de la acción penal formulados por algunas defensas, al considerar que este tipo de delitos resulta imprescriptible según el derecho interno y los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
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En cuanto a las condenas, Mario Enrique Pérez recibió 7 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales por allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad agravada. Francisco Olegario Sevilla fue condenado a 6 años de prisión con inhabilitación absoluta perpetua.
Por su parte, Raúl Pantaleón Cruz recibió una pena de 11 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales por privación ilegítima de la libertad agravada por la imposición de tormentos. En tanto, Alfredo Pablo Lisseri y Eduardo Alberto Rodríguez fueron condenados a 3 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio de la función.
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El fallo también incluyó absoluciones parciales. Varios imputados quedaron desvinculados de los cargos de privación ilegítima de la libertad o asociación ilícita, según cada situación procesal. Además, el Tribunal resolvió levantar restricciones sobre bienes inmuebles vinculados al expediente.
No obstante, esos inmuebles conservarán su condición de “Sitio de la Memoria”, conforme a lo establecido por la ley 26.691 y sus decretos reglamentarios. De esta manera, los espacios seguirán bajo resguardo estatal con fines de memoria, verdad y transmisión histórica.
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Como parte de las medidas accesorias, los condenados deberán mantener actualizado su domicilio y teléfono, informando cualquier cambio al Tribunal. También quedaron obligados a presentarse ante cada requerimiento judicial, bajo apercibimiento de detención inmediata ante eventuales incumplimientos.
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