La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires investiga una serie de denuncias presentadas por familias de alumnos del Colegio Palermo Chico contra Marcelo Porcel, un empresario señalado por presuntos abusos sexuales y hechos de corrupción de menores. La causa comenzó con seis presentaciones formales y, con el paso de las semanas, se amplió a al menos diez casos que ya fueron incorporados al expediente judicial.
El proceso se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Manuel Bruniard, con la intervención del fiscal Pablo Turano. Según consta en la investigación, los hechos denunciados habrían ocurrido fuera del ámbito escolar, en distintos domicilios y oficinas vinculadas al acusado.
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De acuerdo con el expediente, los adolescentes que declararon ante la Justicia tienen entre 13 y 14 años y relataron situaciones similares, lo que permitió identificar un patrón de conducta reiterado. Las declaraciones describen un vínculo que se construyó de manera progresiva, a partir de la cercanía del empresario con el entorno deportivo y social de los chicos.
Según los testimonios, Porcel participaba activamente en actividades extracurriculares, organizaba encuentros, ofrecía traslados y se mostraba disponible para acompañar a los alumnos. Esa actitud, que en un primer momento fue interpretada como colaboración, con el tiempo comenzó a generar inquietud entre algunos familiares.
Las denuncias sostienen que los encuentros solían finalizar en su vivienda, con insistencia para que los chicos permanecieran allí. En ese contexto, los límites se habrían corrido de forma gradual, con ofrecimiento de alcohol, entrega de dinero y propuestas de juegos o consignas, siempre bajo la premisa de mantener los hechos en secreto.
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El expediente judicial incorpora elementos que refuerzan esos relatos. Entre ellos figuran transcripciones de chats grupales, donde el empresario organizaba reuniones y reforzaba la confidencialidad, además de referencias al uso de dinero y bebidas alcohólicas como mecanismos de control, según indicaron las familias denunciantes.
Tras la apertura de la causa, el juez Bruniard dispuso medidas cautelares que prohíben a Porcel cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con las presuntas víctimas y sus familias. También se le impidió acercarse al colegio y al club GEBA, donde varios de los adolescentes realizan actividades deportivas.
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La investigación avanzó además con allanamientos en domicilios y oficinas vinculados al acusado, donde se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Entre los elementos incorporados al expediente figura un peritaje sobre el teléfono de Porcel, que permitió hallar imágenes y mensajes considerados relevantes para la acusación.
A pesar de la acumulación de testimonios, peritajes psicológicos y material digital, hasta el momento no se dispuso la detención preventiva ni la indagatoria del empresario. Desde la fiscalía y la Defensoría de Menores solicitaron en reiteradas oportunidades que se avance en ese sentido y que se le prohíba salir del país.
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La Justicia resolvió aguardar a que todos los denunciantes declaren en Cámara Gesell, con el objetivo de evitar múltiples citaciones y preservar a los adolescentes durante el proceso. Esa decisión generó inquietud en las familias, que reclaman definiciones judiciales más rápidas.
Desde la Dirección del Colegio Palermo Chico informaron que, al tomar conocimiento de las manifestaciones vinculadas a hechos ocurridos fuera del ámbito escolar, activaron los protocolos institucionales y dieron intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a las autoridades educativas correspondientes. También confirmaron que la familia Porcel ya no integra la comunidad educativa.
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