Vuelven a postergar el juicio por el vacunatorio VIP del gremio de Camioneros

El juicio oral y público por el robo de vacunas contra el Covid-19 en Comodoro Rivadavia volvió a quedarse sin fecha definida. El debate debía realizarse el 19 de diciembre y el 16 de enero de 2026, pero el Tribunal Oral Federal resolvió dejar sin efecto ambas convocatorias. La causa juzga el encubrimiento del hurto de dosis destinadas a personal de salud, que terminaron en manos de integrantes del Sindicato de Camioneros, entre ellos su secretario general Jorge Taboada.

La decisión fue adoptada por los jueces Luis Giménez, Guillermo Quadrini y Simón Bracco, quienes entendieron que, dado que el expediente no corre riesgo de prescribir, no existe urgencia para fijar un cronograma inmediato de audiencias. La postergación alcanza incluso a la fecha prevista en plena feria judicial, lo que vuelve a dilatar un proceso que se arrastra desde la pandemia.

En paralelo, esta semana el Tribunal rechazó un planteo central de las defensas. Los abogados de los imputados habían solicitado la prescripción y extinción de la acción penal, al sostener que ya había transcurrido el plazo máximo de dos años previsto para el delito de encubrimiento de hurto. Según ese argumento, la suspensión del juicio a prueba otorgada y luego revocada no interrumpió el plazo, porque nunca quedó firme ni se ejecutó.

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Los defensores también remarcaron que los acusados no revisten carácter de funcionarios públicos, por lo que —a su criterio— no correspondía aplicar la suspensión de la prescripción prevista para delitos cometidos en ejercicio de la función pública. En ese marco, reclamaron que el planteo se resolviera antes del debate “a fin de evitar la realización de un juicio que se encuentra legalmente vedado”, y señalaron como último acto interruptivo la citación a juicio del 5 de julio de 2023.

El fiscal federal Teodoro Nürnberg rechazó esa interpretación y sostuvo que la acción penal continúa vigente. Argumentó que, aunque la probation nunca quedó firme, su concesión sí interrumpió el plazo de prescripción. En ese sentido, afirmó que “el trámite recursivo promovido —incluidos los recursos interpuestos por las partes— forma parte del normal desenvolvimiento del proceso y no puede ser computado en desmedro de la persecución penal”.

Al resolver, el Tribunal puso el foco en un elemento que consideró determinante: la condición de funcionaria pública de la enfermera Analía Muñoz, ya condenada por el hurto de las vacunas del Hospital Regional. Los jueces señalaron que esa condición se extiende a todos los que participaron de alguna forma en el ilícito. “Aún cuando se trate de dos incidencias diversas, no resultaría razonable sostener la calidad de funcionaria pública de Muñoz para un supuesto y prescindir de ella para el otro”, remarcaron.

El fallo recordó que la apropiación de las dosis ocurrió durante el ejercicio de la función pública de Muñoz, lo que la colocaba en una posición de disponibilidad directa sobre bienes del Estado. Según el Tribunal, eso encuadra en el artículo 77 del Código Penal, que define la condición de funcionario público. A partir de allí, aplicaron el artículo 67, que establece la suspensión de la prescripción cuando el delito se comete en ejercicio de la función pública y alguno de los involucrados continúa en ese rol.

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En este expediente, Muñoz sigue desempeñándose en la función pública, por lo que la suspensión de la prescripción permanece vigente para todos los partícipes. Con ese argumento, el Tribunal rechazó el planteo defensivo y despejó el principal obstáculo procesal previo al debate. En consecuencia, la causa queda en condiciones de avanzar una vez que se definan nuevas fechas, previsiblemente después de enero de 2026.

El caso se originó en plena pandemia, cuando la escasez de vacunas marcaba el pulso social y sanitario. La sentencia original describió que Marcos Paura, integrante del gremio, ofreció dinero a la enfermera Muñoz a cambio de 30 dosis de la Sputnik V destinadas a personal y dirigentes de la Obra Social del Sindicato de Camioneros. La primera dosis se aplicó en la sede de la obra social y la segunda fue sustraída del Hospital Regional el 26 de enero de 2021, para completar la vacunación tres días después.

Entre las pruebas incorporadas figuran mensajes y capturas de WhatsApp que reflejan la maniobra y el intento de mantenerla en reserva. En uno de ellos, Cinthia Hernández, administrativa del gremio, advertía: “Doc, por las dudas no comente que nos van a vacunar. Naza nos avisó que tengamos absoluta reserva, que no digamos nada”. Otros mensajes exhibían la indignación de personal de salud frente a la situación y el contexto de falta de dosis para médicos y enfermeros.

El listado de futuros enjuiciados incluye a Vilma Borau, Gisela Ampuero, Daiana Cárcamo, Eduardo Narváez, Marisa Torres, Cinthia Hernández, Noelia Moure, Silvio Borau, Valeria Khoury, Miguel Santana, Jessica Modinger, Cecilia Alvarado, Laura Cárcamo, Sonia Campos, Yolanda Gordillo, Silvana Taboada, Valeria Mansilla, Pablo Mansilla, Héctor Guzmán y Esteban Guzmán. Todos están imputados por encubrimiento y aguardan ahora una nueva definición de fechas para el juicio.