Arrestado detenido con esposas foto ilustrativa Freepik
El Gobierno de Singapur comunicó un endurecimiento de su legislación penal orientado a frenar el crecimiento sostenido de las estafas. La decisión, que cuenta con aval parlamentario, comenzará a regir a partir del 30 de diciembre y alcanza tanto a autores directos como a colaboradores dentro de las redes delictivas.
La medida se inscribe en una política más amplia que busca reforzar el control sobre delitos financieros y fraudes organizados, un fenómeno que en los últimos años generó preocupación en las autoridades. Según el anuncio oficial, el objetivo es desalentar este tipo de prácticas mediante sanciones más severas y un esquema punitivo escalonado.
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Desde el Ministerio del Interior explicaron que la nueva normativa incorpora castigos físicos y un incremento significativo de las multas económicas, de acuerdo con el rol que cada condenado haya tenido en la maniobra. En ese marco, señalaron que la estrategia apunta a afectar toda la cadena delictiva y no solo a quienes ejecutan el engaño.
En el comunicado difundido por las autoridades se remarcó que “luchar contra las estafas es una prioridad nacional”, en un contexto donde “el número de casos de este tipo sigue siendo preocupante”. La frase refleja el enfoque adoptado por el Estado, que colocó el combate al fraude como un eje central de su política de seguridad.
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La legislación establece distintos niveles de sanción según la participación en el delito. “Los que sean condenados por este delito serán sometidos a diferentes penas, que van desde los seis azotes a un máximo de 24 para los estafadores y aquellos que los recluten”, detalla el texto oficial, que ya fue ratificado por el Parlamento.
El alcance de la norma no se limita a los responsables principales. También contempla a quienes faciliten recursos logísticos o financieros, como tarjetas SIM o credenciales personales, utilizados para cometer estafas. En esos casos, el marco legal prevé sanciones específicas para desalentar ese tipo de colaboración.
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De acuerdo con la información oficial, “quienes faciliten este tipo de actividades y blanqueen sus actividades podrán ser sometidos a doce azotes”, una referencia directa a los eslabones intermedios de las organizaciones criminales. La intención es desarticular las estructuras que sostienen los fraudes y reducir su capacidad operativa.
Las autoridades sostienen que este endurecimiento responde a la necesidad de generar un efecto disuasorio frente a un delito que se volvió más sofisticado y transnacional. El fraude digital y las estafas telefónicas figuran entre las modalidades que más crecieron en el último tiempo.
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