Antimineros tuvieron que pagar para evitar ser condenados por cortar rutas

La Justicia Federal de Comodoro Rivadavia puso punto final a una de las causas judiciales más resonantes vinculadas a la protesta social en Chubut. La jueza Eva Parcio de Seleme firmó el sobreseimiento de cinco personas que permanecían imputadas por el corte total de la Ruta Nacional 3, ocurrido en mayo de 2021. La resolución se alcanzó luego de que los acusados aceptaran una salida alternativa consistente en la entrega de fondos a instituciones de salud pública del Valle Inferior del Río Chubut, totalizando un aporte de un millón y medio de pesos.

El conflicto que originó la causa se extendió por casi tres días, desde el mediodía del 6 de mayo hasta la madrugada del 9 de mayo de 2021, en el acceso norte a Trelew. Durante ese periodo, unas 70 personas bloquearon la principal arteria vial de la Patagonia para exigir que la Legislatura provincial tratara la iniciativa popular contra la megaminería. El fiscal federal Fernando Gélvez había imputado al grupo por el delito de entorpecimiento de los servicios públicos, argumentando que el piquete puso en riesgo la seguridad pública y afectó la libre circulación de vehículos.

Entre los beneficiados por la medida se encuentra el actual diputado provincial del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos, quien destinó sus 300.000 pesos a la Asociación Civil Amigos del Hospital Zonal de Puerto Madryn. Por su parte, Matías Crespo y Andrea Leonett dirigieron sus aportes a la cooperadora del Hospital Zonal de Trelew, mientras que Noelia Silva y Diego Oria hicieron lo propio con el Hospital Santa Teresita de Rawson. Este mecanismo permitió evitar la instancia del juicio oral y público para un delito que contempla penas menores a los dos años.

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Además del acuerdo económico, la magistrada ordenó una medida simbólica y operativa: la destrucción de todos los elementos secuestrados durante el desalojo de la ruta. Entre los objetos que deberán ser eliminados se encuentran una estatua de madera y yeso, banderas, pallets, troncos y cubiertas que fueron utilizados para consolidar el bloqueo. La logística del corte llamó la atención de los investigadores en su momento, ya que se constató la presencia de baños químicos y una organización previa que permitía sostener el reclamo de manera ininterrumpida.

La investigación fiscal subrayó que el corte impidió el paso de transporte de cargas y particulares, generando momentos de alta tensión, especialmente con camioneros que quedaron varados en la traza. Los Bomberos Voluntarios debieron intervenir en varias ocasiones para sofocar la quema de cubiertas que se mantenía sobre el asfalto. Para el fiscal Gélvez, estas acciones no encuadraban en el legítimo ejercicio de un derecho, sosteniendo en sus escritos que “impedir o entorpecer el libre tránsito no es libertad de expresión ni una protesta admitida por el derecho positivo vigente”.

El rol de los imputados fue clave para la instrucción de la causa, ya que fueron identificados como interlocutores directos durante el operativo de desalojo. El 9 de mayo de 2021, a las 3:41 de la madrugada, el entonces comisario general Paulino Gómez intimó al grupo a liberar la ruta, reconociendo a los cinco señalados como los representantes del movimiento. En el caso de Vasconcelos, su identificación como vocero del reclamo se reforzó mediante el análisis de registros audiovisuales y publicaciones en redes sociales donde se difundía la actividad del piquete.

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A pesar de que la causa contaba con la elevación a juicio confirmada, en 2023 el Ministerio Público Fiscal propuso buscar una resolución que no saturara el sistema judicial. Inicialmente se barajó la posibilidad de una probation, pero las partes finalmente acordaron la donación de dinero como forma de reparación del daño social causado por la obstrucción de la ruta nacional. Esta modalidad de resolución de conflictos permite que los fondos se vuelquen de manera inmediata en beneficio de la comunidad local, en este caso, fortaleciendo el equipamiento de los hospitales públicos regionales.

La decisión de la jueza Parcio de Seleme cierra un capítulo de fuerte contenido político en la provincia, donde la tensión entre el derecho a la protesta y el derecho a la libre circulación se mantiene en el centro del debate público. El sobreseimiento implica que los imputados no quedan con antecedentes penales por este hecho, extinguiéndose la acción penal de forma definitiva. No obstante, el criterio sentado por la fiscalía respecto a la ilegalidad de los cortes de ruta de larga duración permanece como un antecedente para futuros episodios de similares características en la zona.

Con la firma de este fallo, los hospitales de Puerto Madryn, Trelew y Rawson recibirán los recursos que fueron depositados en las cuentas de sus respectivas cooperadoras. La finalización de este proceso judicial ocurre en un contexto donde los reclamos ambientales continúan vigentes en la agenda chubutense, aunque ahora se dirimen mayoritariamente en los ámbitos institucionales. La resolución deja en claro que, para la justicia federal, la reparación económica puede ser una vía válida para saldar las responsabilidades derivadas de manifestaciones que exceden los límites permitidos por la ley de tránsito.