El acuerdo por US$ 150 millones en Estudiantes quedó condicionado por la imputación a Foster Gillett

El entendimiento económico entre Estudiantes de La Plata y el empresario Foster Gillett sumó un factor judicial que modifica el escenario. La dirigencia trabajó sobre una inversión cercana a US$ 150.000.000, pero el vínculo todavía no recibió aprobación en Asamblea Extraordinaria. En paralelo, una imputación por presunto lavado de activos abrió una etapa de pedidos de información que toca de cerca al fútbol argentino.

El proyecto que se difundió alrededor de ese esquema no se limitó al primer equipo. La propuesta incluyó recursos para el plantel profesional y también para obras e iniciativas de infraestructura, además de áreas deportivas y extradeportivas de la institución. Con la ratificación societaria pendiente, el acuerdo conserva carácter preliminar y queda atado al procedimiento interno del club.

En las últimas horas, la investigación penal económica tomó visibilidad por medidas concretas. La Justicia imputó por lavado de dinero a Foster Gillett y a Guillermo Tofoni, según la información que circuló en torno al expediente. La Fiscalía N° 3 en lo Penal Económico, a cargo de Emilio Guerberoff, ordenó medidas e inició pedidos de información que incluyen consultas al “Pincha” y a otros clubes relacionados.

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El alcance del expediente también abarca a estructuras empresariales vinculadas a las operaciones señaladas. En la investigación aparecen mencionadas Grupo Gillett y World Eleven, dentro del conjunto de elementos que la fiscalía busca reconstruir. El foco se centra en el origen de los fondos y en el recorrido de ciertas negociaciones, con documentación y registros como parte del análisis.

La causa se inició por una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan presentada en marzo. En ese planteo, la mirada se posa sobre movimientos asociados al mercado de pases y a gestiones impulsadas en los últimos meses. En esa línea se nombraron negociaciones vinculadas a jugadores como Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, dentro de un volumen total que rondaría US$ 30.000.000 según lo informado.

Para Estudiantes, el efecto inmediato pasa por la incertidumbre sobre tiempos y condiciones de un plan que todavía busca respaldo formal. La imputación introduce ruido en una etapa sensible porque la institución necesita sostener previsibilidad en cualquier compromiso de gran escala. Aun sin una firma plena o una ejecución total del acuerdo, el expediente condiciona el clima y la discusión interna.

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El paso por Asamblea aparece como el punto que ordena el plano institucional. Ese mecanismo define si el club toma o no un rumbo de largo plazo con un inversor y bajo qué términos. Con la investigación judicial en curso, esa decisión queda más expuesta a preguntas sobre garantías, trazabilidad del dinero y consistencia del esquema propuesto.

En el escrito que trascendió, también se mencionó un entramado regional que la fiscalía considera relevante. Allí se advierte que la posible inversión en Estudiantes y el vínculo por 30 años con Rampla Juniors de Uruguay configuró “un triángulo Uruguay - Argentina - Europa”. En ese mismo tramo, el documento sostiene “un desconocimiento del origen de esos fondos”, una formulación que marca el eje de la sospecha.

El caso suma interés público porque mezcla fútbol, inversión privada y un expediente de alto impacto. Algunas referencias mediáticas agregaron la cercanía de los empresarios con el presidente Javier Milei, aunque la investigación se tramita en el fuero correspondiente por su contenido económico. En lo concreto, el futuro del plan queda atado a dos carriles: lo que disponga la Justicia y lo que resuelva Estudiantes en su Asamblea.