AGN y Presupuesto: acuerdos cruzados entre kirchneristas y libertarios

Las sesiones extraordinarias dejaron una postal que llamó la atención en el Congreso: La Libertad Avanza y el kirchnerismo coincidieron en votaciones que, por el contexto y por los interlocutores, alimentaron lecturas sobre lo que puede pasar en 2026. La escena no se explica por un solo episodio, sino por dos decisiones parlamentarias que abrieron suspicacias y reacomodaron la relación con aliados tradicionales.

El primer caso se dio en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo libertario acordó con Unión por la Patria la designación de tres auditores para la Auditoría General de la Nación (AGN). El trámite se realizó de madrugada y dejó expuestos a los socios “violetas”, que reclamaron haber quedado afuera de una negociación determinante para el control de la administración pública.

El reparto de esos cargos concentró el malestar: un lugar quedó para Juan Ignacio Forlón (referenciado en La Cámpora) y otro para Mónica Almada por La Libertad Avanza, mientras que el tercer puesto se orientó a una dirigente alineada con el gobernador salteño Gustavo Sáenz. El movimiento, según el relato legislativo, irritó especialmente al PRO, que entendió que el oficialismo lo corrió del tablero en una discusión sensible.

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En medio de esa tensión, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, eligió una defensa política del método y del resultado. “Juegan los números, juegan las mayorías, y ocurrió de esta manera. Es parte de la vida política”, sostuvo al responder la furia del PRO, que presentó un amparo en la Justicia con el argumento de que la designación no estaba incluida en el temario de extraordinarias.

Poco después, el segundo gesto que alimentó interpretaciones se vio en el Senado con la votación del Presupuesto impulsado por el presidente Javier Milei. Aunque el oficialismo ya tenía margen para sancionarlo con comodidad, tres senadores del interbloque Popular vinculados a gobernadores aportaron votos afirmativos y reforzaron la idea de un puente que excede una aritmética circunstancial.

Los votos señalados fueron los de Sandra Mendoza (Tucumán, alineada al gobernador Osvaldo Jaldo), Guillermo Andrada (Catamarca, cercano a Raúl Jalil) y Carolina Moisés (Jujuy), legisladores que no se referencian en Cristina Kirchner ni en el jefe del bloque, José Mayans. Ese dato tomó peso porque mostró una fractura posible dentro de un espacio que buscaba mostrarse compacto.

El Presupuesto se aprobó con una mayoría holgada, pero el punto que más resaltó fue el carácter del acompañamiento: estos senadores también avalaron el capítulo II, descripto como el más polémico por habilitar recortes en áreas como educación y Ciencia Técnica, además de afectar la educación técnica y el sistema de defensa. La lectura política es que no se trató de un respaldo “por lo justo”, sino de un apoyo completo a lo más discutido del texto.

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Con esos antecedentes, el Gobierno llega a 2026 con una expectativa distinta frente a la reforma laboral. El peronismo intentó mostrarse cerrado en el rechazo, pero en el oficialismo creen que existe margen para volver a romper esa unidad a partir de acuerdos con gobernadores y de negociaciones que, hasta ahora, lograron mover votos fuera del esquema tradicional de alineamientos.

En paralelo, la agenda abre un frente todavía más exigente: la cobertura de las vacantes en la Corte Suprema. En este caso no alcanza la mayoría simple: los pliegos requieren dos tercios del Senado, un umbral que obliga a sumar voluntades por fuera del oficialismo y sus aliados. Por eso, el comportamiento del interbloque Popular y de los sectores provinciales aparece como un factor que el Gobierno mira con atención.

El oficialismo, además, carga con un golpe político reciente: fracasó en el intento de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla luego de que el Senado rechazara ambos pliegos, en un episodio atravesado por cuestionamientos a los nombramientos por decreto. Ese resultado derivó en la renuncia de García Mansilla y dejó a Lijo sin jura, porque la Corte no aceptó su licencia como juez.

Como telón de fondo, en el Senado también asomó el debate por la posible ampliación de la Corte, impulsado por la senadora Alejandra Vigo junto a Juan Carlos Romero y con respaldo de Unión por la Patria. Aun sin avances concretos, la discusión quedó latente y suma complejidad a cualquier negociación, porque modifica el tamaño del tribunal y, por lo tanto, el reparto de poder institucional.

En la misma Cámara alta sigue pendiente otro capítulo que puede recalentar la negociación entre bloques: las designaciones del Senado en la AGN, en espejo de lo aprobado en Diputados. En ese reparto, Mayans sostiene que a su espacio le corresponden dos lugares, pero reconoce que el esquema político no se los concederá, por lo que se resigna a uno con el nombre de Javier Fernández. El resto de los lugares, según se discute, quedaría entre La Libertad Avanza y una pulseada adicional entre UCR y PRO por compensaciones y número.