Intervienen el Puerto de Ushuaia por uso irregular de fondos y obras postergadas

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia luego de relevar incumplimientos en el manejo de recursos y una falta sostenida de inversión en infraestructura considerada sensible para la operación. La decisión se apoya en informes técnicos que, según el organismo, exponen riesgos para la continuidad del servicio y para la seguridad en áreas de trabajo.

En la fundamentación, la ANPYN indicó que parte de los fondos generados por la operatoria portuaria habría tenido destinos ajenos a la administración cotidiana y a la mejora del muelle. Ese uso de recursos, siempre de acuerdo con lo informado, derivó en la postergación de tareas de mantenimiento y reparación que el puerto necesita para sostener su funcionamiento regular.

El organismo nacional remarcó que el Puerto de Ushuaia concentra movimientos vinculados a cargas y pasajeros y también cumple un papel directo en la logística antártica. En ese marco, advirtió que la falta de inversiones y la demora de obras obligan a una regularización inmediata para sostener estándares de seguridad y operación, sin interrumpir el servicio.

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La situación se vincula con el convenio Nación–Provincia de 1992, cuando se transfirió la administración del puerto a Tierra del Fuego con una condición concreta: los ingresos portuarios deben destinarse exclusivamente a gastos operativos e inversiones dentro del propio ámbito portuario. Para la ANPYN, ese punto resulta determinante para evaluar el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Como antecedente central, el organismo señaló la Ley provincial N.º 1.596, sancionada en julio de 2025, que habilitó el uso del superávit de la Dirección Provincial de Puertos para financiar a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). La ANPYN sostuvo que esa habilitación entra en contradicción con el acuerdo vigente, en tanto desvía recursos que deberían quedar dentro del sistema portuario.

Según el texto difundido, la Nación cursó intimaciones y pedidos de información para que la Provincia acreditara el cumplimiento de lo pactado y sustentara el destino de los fondos. Sin embargo, la ANPYN afirmó que no se logró demostrar el cumplimiento de las obligaciones ni revertir lo que concluyó el informe final de inspección.

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Con ese diagnóstico, la intervención se fijó por 12 meses, con posibilidad de prórroga. El objetivo declarado apunta a regularizar infraestructura, sostener condiciones de seguridad operativa y garantizar la continuidad del servicio, con una conducción administrativa bajo la órbita nacional mientras se ejecutan medidas correctivas.

La resolución también incluye una definición sobre el personal del puerto: la ANPYN indicó que la intervención se implementa sin afectar las relaciones laborales. El planteo apunta a concentrar la medida en el plano administrativo y operativo, sin cambios sobre los vínculos de empleo en el ámbito portuario.

En su argumentación, el organismo subrayó el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia por su proyección comercial, su conexión bioceánica y su rol para las operaciones hacia la Antártida. En esa línea, sostuvo que la intervención busca evitar medidas más severas y proteger su condición comercial, mientras se encauzan inversiones y tareas pendientes.