DNU de inteligencia: la SIDE sumará atribuciones operativas

El Gobierno nacional publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar la Ley de Inteligencia y reordenar el sistema que coordina la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida, según lo informado en el texto difundido, redefine el organigrama interno del área, incorpora nuevas atribuciones y busca centralizar tareas para acelerar el intercambio de datos entre organismos.

El punto más sensible aparece en el alcance operativo de la SIDE. El decreto le otorga autoridad para requerir información a otros organismos del Estado, una facultad que cambia el flujo habitual de datos entre dependencias. En paralelo, el esquema contempla que la secretaría pueda proveer su propia seguridad, algo que el Gobierno presenta como parte de una reorganización general del sistema.

Otro tramo que ya genera cuestionamientos es la posibilidad de realizar aprehensiones de personas en casos de flagrancia. Ese tipo de intervención suele quedar asociada a fuerzas de seguridad y su incorporación dentro de un organismo de inteligencia abre discusiones sobre límites, protocolos y controles, sobre todo en un terreno donde la reserva de información convive con exigencias de transparencia institucional.

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El DNU también habilita a la SIDE a solicitar asistencia o apoyo técnico y logístico de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas federales y de policías. La intención declarada es ampliar la capacidad de respuesta y formalizar cooperación en situaciones específicas, aunque el alcance real dependerá de cómo se reglamente y de qué prácticas adopte el sistema una vez vigente.

En cuanto a la estructura, la reforma prevé crear nuevas agencias, disolver otras y unificar tareas. El objetivo que se menciona es reducir la fragmentación, evitar superposiciones y facilitar el intercambio de información dentro de un esquema más concentrado, con la SIDE como autoridad rectora del conjunto.

Desde el Poder Ejecutivo, la explicación que circula sostiene que el reordenamiento apunta a “modernizar, ordenar y legitimar el Sistema de Inteligencia Nacional”. En esa línea, la defensa oficial asegura que el esquema busca integrar la inteligencia al Estado, separarla de funciones policiales y someterla a mayores controles, aunque los detalles finos de esos controles no aparecen desarrollados en la información general difundida.

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El decreto también incorpora definiciones que antes no quedaban explicitadas, como la caracterización de la actividad de inteligencia como de naturaleza reservada. Ese encuadre, por sí solo, no determina cómo se controla el sistema, pero sí fija un criterio general sobre el tratamiento de información sensible y sobre la forma en que se justifican ciertas restricciones de acceso.

Un capítulo central del nuevo diseño es la ciberseguridad. Según lo que se anticipó, el área tendrá como objetivo planificar, ejecutar y supervisar políticas y acciones para proteger el ciberespacio de interés nacional, infraestructuras críticas de información, activos digitales estratégicos del Estado y sistemas tecnológicos vinculados a servicios públicos esenciales.

Con el DNU a punto de publicarse, quedan cuestiones que todavía dependen del texto completo: cómo quedará delineada la cadena de mandos, qué mecanismos de supervisión se detallan, qué límites operativos se fijan y qué control parlamentario o administrativo se refuerza. Esos puntos serán claves para medir el alcance real de la reforma una vez que el decreto entre formalmente en vigencia.