La quiebra de Trident reabre el caso Andacollo y pone la lupa sobre su exgerente

La justicia comercial de Buenos Aires decretó en los últimos días de 2025 la quiebra de Trident Southern Explorations de Argentina SRL, la firma que tenía el usufructo de la mina de oro de Andacollo. La definición llega después de cinco años de concurso y deja a la Provincia de Neuquén en condiciones de avanzar con una nueva licitación para intentar reactivar el yacimiento, con otro operador.

El fallo no solo cierra una etapa empresarial. También introduce un pedido concreto que vuelve a poner en escena a Mischa Leon Aleksander, el empresario que firmó el contrato en 2016 durante el segundo mandato de Omar Gutiérrez. La jueza solicitó que la empresa informe si inició acciones legales y que entregue documentación a la sindicatura sobre hechos que podrían comprometer el interés social de la concursada.

En su resolución, la magistrada requirió que Trident revele si promovió medidas penales y/o civiles contra el exgerente y que “ponga a disposición de la sindicatura toda la información y documentación relevante que exista en su poder o de la que tenga conocimiento referidas a las maniobras detectadas que habrían afectado el interés social de la deudora”. Ese punto instala una línea de investigación sobre responsabilidades individuales en el derrumbe del proyecto.

Trident ganó la adjudicación en septiembre de 2016 tras competir en una licitación pública con otras tres empresas. La propuesta comprometía 164 millones de dólares en 25 años e incluía una planta nueva, trabajos sobre el dique de colas y un salto en el plantel, con una meta de 500 trabajadores. El plan se presentó como un relanzamiento de la mina, pero nunca llegó a mostrar el nivel de inversión prometido.

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En aquel acto oficial, Aleksander protagonizó el apretón de manos con el gobernador y se presentó con un perfil que luego sumó interrogantes. El mismo empresario sostuvo: «No somos la Barrick Gold. Estamos buscando un mercado donde el costo de onza es menor y se puede hacer productivo en un mercado volátil donde se sube y baja el valor de onza. Este es un depósito de alta ley y a bajo costo, justo lo que buscamos en esta empresa». Con el paso de los años, esa declaración quedó asociada a una promesa incumplida.

Los accionistas desplazaron a Aleksander de su rol de gerente en febrero de 2020, cuando reportaron presuntas maniobras internas. En la reconstrucción del caso se menciona la detección de acciones “dolosas”, entre ellas el desvío de fondos a firmas radicadas en Santiago de Chile en las que era accionista mayoritario y la adquisición de maquinaria que no servía para el proyecto a valores superiores al mercado.

La trama societaria también aparece como parte del problema, por la forma en que se estructuró el desembarco en la Argentina. La empresa que se presentó a la licitación provincial fue una sociedad registrada en Chile, Trident Southern Explorations SpA, cuyo único socio era el propio Aleksander. Para cumplir con la exigencia de domicilio en el país, el contrato se firmó con Trident Southern Explorations de Argentina SRL, pero esa sociedad no nació desde cero.

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Según la información disponible, lo que ocurrió fue un cambio de denominación y de objeto social de una firma ya existente: Hospitality Business Holding SRL, creada en 2011 por el argentino Carlos Schenzle y el danés Uwe Gerd Lykkeberg. En diciembre de 2016 se reformó su estatuto, se modificó el nombre y se incorporó a su objeto la exploración y extracción de minerales, además de operaciones sobre derechos mineros.

En esa reconfiguración, la composición accionaria quedó dominada por una estructura externa: un 5% para la firma chilena que licitó el proyecto y un 95% para TSE UK Limited. A la vez, el origen del financiamiento prometido para Andacollo se explicó con otra pieza: el aporte de una sociedad de real estate con asiento en Nevada, Estados Unidos, según lo presentado en la licitación. Ese esquema, con sociedades de distintos países y vínculos cruzados, hoy vuelve al centro por la quiebra y los reclamos dentro del concurso.

Con la quiebra ya decretada, Neuquén queda en posición de rearmar el camino productivo del yacimiento, pero con un antecedente que condiciona. La etapa que se cierra deja promesas de inversión sin materialización, internas empresarias con acusaciones severas y un pedido judicial para que la sindicatura reciba información sobre hechos que, si se comprueban, pueden derivar en acciones legales.