Cambios en la SIDE: ¿los agentes de inteligencia podrán detener personas?

El Gobierno nacional anunció una reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional, formalizada a través del DNU 941/25, con el propósito de redefinir el alcance, las competencias y la estructura del esquema de inteligencia del Estado argentino. La medida fue comunicada oficialmente por la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Según se informó, la iniciativa se inscribe en un contexto de reordenamiento institucional, orientado a adecuar el sistema a los desafíos actuales y a fortalecer su alineación con los estándares democráticos y republicanos. El Ejecutivo sostuvo que la inteligencia debe concentrarse en la producción de información estratégica para asistir la toma de decisiones de las autoridades electas.

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Uno de los ejes centrales de la reforma es la delimitación precisa de funciones, con la eliminación de atribuciones que, de acuerdo al comunicado, fueron incorporadas sin sustento institucional en décadas anteriores. Entre ellas, se excluye del sistema de inteligencia la seguridad interna, que queda bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, y la protección de infraestructura crítica y sistemas de información del Estado, que pasa a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El Gobierno también dispuso un proceso de racionalización y reducción de la estructura, con el objetivo de concentrar recursos en funciones consideradas esenciales. En ese marco, se redefinió el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que a partir de la reforma queda circunscripta exclusivamente a tareas de contrainteligencia.

De acuerdo con el comunicado oficial, la contrainteligencia es definida de manera expresa como la función destinada a proteger al Estado frente a acciones de espionaje, inteligencia extranjera o injerencia externa, descartando prácticas asociadas al espionaje interno o al seguimiento de actores políticos, sociales o periodísticos.

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En la misma línea, se resolvió la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), al considerar que su funcionamiento generaba superposición de competencias con los organismos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto. La decisión busca consolidar un esquema más integrado en materia de inteligencia de defensa.

Otro de los puntos destacados de la reforma es la implementación de un nuevo sistema de intercambio de información entre organismos del Estado, basado en la trazabilidad, la automatización y el registro obligatorio de cada requerimiento. Según el Ejecutivo, este mecanismo apunta a reducir la discrecionalidad y fortalecer los controles legales, técnicos y presupuestarios.

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Desde el Gobierno señalaron que la reforma forma parte de un proceso más amplio de transformación del Estado, orientado a dejar atrás prácticas de opacidad y uso político de las estructuras públicas. En ese sentido, remarcaron que el nuevo esquema busca consolidar un sistema de inteligencia limitado en funciones, profesional y sujeto a controles institucionales.

Las objeciones desde sectores opositores no tardaron en aparecer tras la publicación del decreto. El diputado Leopoldo Moreau sostuvo que el DNU configura, por su alcance, una modificación integral del marco legal vigente y advirtió que “implica el dictado de una nueva Ley de Inteligencia, violando expresamente la Constitución Nacional”. En sus declaraciones, también expresó preocupación por el rumbo institucional del sistema, al considerar que la reforma habilita mecanismos que podrían derivar en prácticas ajenas al control democrático.

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En esa misma línea, Agustín Rossi, diputado de Unión por la Patria, señaló que el decreto redefine el perfil operativo de la Secretaría de Inteligencia y alertó que podría transformarse en “una fuerza parapolicial”. El exministro remarcó además que la norma permite que el organismo “disponga de personal militar y de fuerzas de seguridad para cumplir tareas de inteligencia”, un aspecto que, según indicó, altera el esquema de funciones establecido hasta ahora.

Las críticas se ampliaron con un pronunciamiento conjunto de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, que difundieron un comunicado cuestionando el procedimiento elegido por el Ejecutivo. Allí advirtieron que el DNU introduce cambios de fuerte impacto institucional y señalaron que “no existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso”. También subrayaron que el nuevo esquema incrementa la falta de transparencia en un ámbito que, según remarcaron, requiere límites claros y control parlamentario efectivo, especialmente cuando aún no se encuentran plenamente conformadas las comisiones bicamerales encargadas de esa supervisión.