
Gendarmería y Prefectura: preparan licitación para que elijan cobertura privada de salud
Actualidad04/01/2026
Sergio Bustos
El Ministerio de Seguridad prepara cambios en la cobertura de salud para integrantes de Gendarmería y Prefectura, con un esquema que permitiría optar por prestadores privados. Según lo informado, la decisión se apoyaría en un decreto que se daría a conocer la semana próxima. La medida impactaría en un aspecto cotidiano y sensible: la forma en que se accede a consultas, prácticas y tratamientos.


El plan, tal como se anticipa, incluye avanzar con la disolución de IOSFA, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Ese organismo presta servicios vinculados al Ministerio de Defensa y también a las dos fuerzas federales que dependen de Seguridad. En la práctica, la modificación implicaría reemplazar un esquema de obra social estatal por otro articulado a través de empresas del sector privado.
El punto operativo clave sería el llamado a licitación para cubrir el servicio de salud. El universo alcanzado rondaría los 197.000 afiliados, contemplando personal activo, retirados y familiares. Esa cifra ubica la medida como una reconfiguración de gran escala, no como un ajuste puntual, y obliga a ordenar plazos, condiciones de continuidad y reglas de traspaso.
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En ese marco, la gestión que encabeza la ministra Alejandra Monteoliva se apresta a activar el procedimiento administrativo. El dato saliente del enfoque oficial, según el texto difundido, es que el centro de la decisión queda en Seguridad y no en un debate aislado de prestaciones. La nueva cobertura se canalizaría a través de prepagas privadas, con un modelo de atención distinto al que ofrece una obra social estatal.
El esquema planteado también abre interrogantes prácticos que suelen acompañar cualquier migración de cobertura. La pregunta inmediata es cómo se garantizaría la continuidad de tratamientos y turnos en curso, además del modo de sostener la atención en localidades donde la oferta privada puede ser más limitada. Otro punto sensible es la transición administrativa: quién valida prestaciones, cómo se gestiona la historia clínica y qué sucede con autorizaciones vigentes.
La información disponible indica que el equipo de Seguridad mantuvo reuniones durante 2025 con empresas relevantes del mercado. En ese listado aparecen Swiss Medical, OSDE, Galeno, Medicus y Valiant. En términos de proceso, esos encuentros funcionan como un antecedente para estructurar la licitación y delimitar la capacidad de cobertura, aunque el detalle de pliegos y condiciones todavía no se conoce.
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La idea de fondo es que los afiliados de Gendarmería y Prefectura pasen a recibir atención bajo convenios con prestadores privados, con la posibilidad de elegir dentro de la oferta que resulte adjudicada. En la práctica, eso puede traducirse en cartillas distintas, reglas nuevas de copagos y cambios en los circuitos de derivación. También puede modificar la relación entre prestador, afiliado y Estado, porque el vínculo deja de estar mediado por la obra social estatal.
El anuncio proyectado también puede reordenar responsabilidades entre organismos. Si IOSFA deja de operar para estas dos fuerzas, la administración de aportes, la fiscalización de prestaciones y la coordinación de reclamos necesitarán un marco específico. En estas transformaciones, el punto más delicado suele ser el período de convivencia entre el sistema saliente y el entrante, cuando se superponen autorizaciones, facturación y urgencias.
Por ahora, el texto adelanta que el decreto saldría la semana próxima y que el camino elegido sería la licitación para definir prestadores. Hasta que ese instrumento se publique, quedan abiertos los detalles centrales: cómo se implementa la opción, qué cobertura mínima se exige, cómo se sostienen los afiliados en zonas alejadas y cuál será el cronograma de transición. La definición, de confirmarse, reorganizará el mapa de la salud para un universo grande de personal federal y sus familias.














