La Administración de Península Valdés revisa criterios de uso público en miradores históricos
Turismo08/01/2026
REDACCIÓN
La Administración de Península Valdés volvió a poner sobre la mesa la discusión por los accesos y miradores de uso público dentro del área natural protegida. El debate combina conservación, ordenamiento y previsibilidad para una zona que recibe miles de visitantes por temporada y requiere reglas claras para su funcionamiento cotidiano.
El contexto es Península Valdés, un espacio con estatus internacional que impone obligaciones de cuidado y gestión. La administración evalúa decisiones que impactan de manera directa en el circuito turístico y en la planificación de agencias, guías y prestadores que operan desde Puerto Madryn y otras localidades cercanas.
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Desde el ámbito institucional se remarca que el área no funciona como un peaje, sino como un sistema de control e información propio de un territorio protegido. Ese esquema busca ordenar flujos, informar a los visitantes y reducir riesgos, especialmente en jornadas de alta afluencia, cuando la convivencia entre tránsito, fauna y peatones exige mayor atención.
En ese marco, uno de los puntos sensibles es Caleta Valdés, donde el uso turístico se sostiene desde hace décadas. En la entrevista radial, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Puerto Madryn, Santiago Susanich, afirmó que se trata de espacios con larga trayectoria de visita y conservación. “Es un lugar que hace 25 o 30 años que se visita y está muy conservado y la pingüinera sigue creciendo y el mirador de Caleta Valdés está impecable”, sostuvo.
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La administración analiza estas posiciones dentro de un marco más amplio, que incluye antecedentes, responsabilidades y límites propios de un área natural protegida. La discusión no se plantea como un cierre definitivo del diálogo, sino como una revisión de criterios para sostener accesos con control y evitar improvisaciones que generen conflictos operativos.
Otro eje es la desinformación que circula en torno al estado de los sitios. En ese punto, Susanich remarcó en la entrevista que “no hay todo, no está todo roto”, y cuestionó que se mezclen realidades distintas bajo un mismo rótulo. Desde la gestión del área, esa confusión refuerza la necesidad de comunicar con claridad qué decisiones se toman y por qué.
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La dimensión legal también aparece como un factor a considerar. El dirigente turístico mencionó el concepto de uso y costumbre y la posibilidad de hablar de derechos adquiridos, una lectura que forma parte del análisis que realizan las instituciones. La administración, por su parte, debe compatibilizar ese planteo con las normas ambientales y la responsabilidad de preservar el territorio.
En el debate se subraya que las playas y espacios públicos no son privados, aunque su uso dentro de un área protegida requiere regulación. En Caleta Valdés, por ejemplo, el acceso se produce a pocos metros de la ruta y convive con fauna sensible, lo que obliga a definir criterios de manejo y responsabilidades claras.
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El escenario actual abrió una etapa de conversaciones más formales entre actores. Las agencias anunciaron reuniones internas para evaluar pasos a seguir y no descartaron vías judiciales. La administración observa ese proceso con atención, consciente de que cualquier definición sienta precedentes para el resto del área.
Más allá de las diferencias, el punto de coincidencia es la necesidad de previsibilidad. La administración busca evitar soluciones improvisadas y avanzar en decisiones que ordenen el uso público, sostengan la conservación y reduzcan tensiones recurrentes en temporada alta.
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La discusión por los miradores y accesos se inscribe, así, en un debate más amplio sobre cómo gestionar un patrimonio natural de valor mundial, equilibrando conservación, turismo y reglas estables para todos los actores involucrados.
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