Una cooperativa de Grabois recibió más de 7 millones de dólares del Estado en la gestión anterior

Política09/01/2026

Juan Grabois

La recuperación de un predio ubicado en Parque Avellaneda, en la Ciudad de Buenos Aires, volvió a poner en escena una discusión que trasciende el hecho puntual. La intervención del Gobierno porteño no solo implicó el desalojo de un inmueble ocupado sin autorización, sino que dejó al descubierto el entramado de financiamiento estatal que recibieron cooperativas vinculadas a movimientos sociales en los últimos años.

El inmueble, situado bajo la autopista Perito Moreno, en Ameghino 1035, era utilizado como depósito por la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, una organización asociada al Movimiento de Trabajadores Excluidos y referenciada políticamente en el diputado nacional Juan Grabois. Según la información oficial, la ocupación carecía de habilitación y motivó la actuación del Ejecutivo local.

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Más allá de la restitución del predio, el caso volvió a exponer el volumen de recursos públicos transferidos a esta cooperativa entre 2020 y 2023, período en el que recibió $1.099,6 millones, cifra que, al tipo de cambio oficial de cada año, equivale a US$ 7.266.380. Los fondos provinieron de programas nacionales canalizados a través del entonces Ministerio de Desarrollo Social.

Los registros oficiales muestran que El Amanecer de los Cartoneros encabezó el listado de cooperativas con mayor nivel de transferencias estatales dentro de un universo de 495 entidades. En ese mismo esquema aparecen decenas de organizaciones vinculadas a movimientos piqueteros, sectores del kirchnerismo y agrupaciones de izquierda, que en conjunto recibieron entre 2020 y 2023 cientos de miles de millones de pesos, equivalentes a US$ 283.556.896 al tipo de cambio oficial de cada período.

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El operativo de desalojo se realizó durante la mañana del miércoles y contó con 20 agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, maquinaria pesada, camiones, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de la Red de Atención. Tras la intervención, el inmueble quedó bajo la órbita de la Dirección General de Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño, que deberá definir su destino.

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que la acción se inscribe en una política sostenida de ordenamiento del espacio público. En ese marco, indicaron que en los últimos dos años se recuperaron más de 550 propiedades ocupadas, tanto públicas como privadas, como parte de una estrategia integral de control y regularización.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó la medida con definiciones contundentes. “Respetamos la propiedad privada tanto como los bienes públicos, que son de todos los porteños. En la Ciudad, la ley se cumple”, afirmó. Luego agregó: “Al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar. Acá no hay grises, ni confundimos necesidad con impunidad. Siempre vamos a estar del lado de la legalidad. El orden no se negocia”.

En la misma línea, el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, sostuvo que “la convivencia se sostiene con normas claras que están para cumplirse” y advirtió que la Ciudad actuará cada vez que se ocupen ilegalmente espacios públicos o propiedades privadas, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los vecinos.

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El desalojo en Parque Avellaneda se suma a otras acciones recientes del Ejecutivo porteño, como el retiro de manteros en 13 zonas comerciales, entre ellas Once, Flores y Constitución, y la desarticulación de un mercado ilegal que, según estimaciones oficiales, movía alrededor de $1.900 millones.