AFAgate: una firma en España cobró 30% y recibió más de US$30 millones como intermediaria

El caso conocido como AFAgate sumó un capítulo centrado en la operatoria comercial fuera del país y en el rol de empresas intermediarias para gestionar ingresos vinculados a la Selección y a la Liga Profesional. Según una reconstrucción periodística basada en balances, registros y documentación interna, la AFA utilizó durante años un esquema de cobro en el exterior que incluía la intervención de terceros. En esa dinámica aparece Odeoma Gestión SL, una compañía radicada en España.

El punto principal pasa por el mecanismo. De acuerdo con la investigación, Odeoma actuó como agente de cobro: recibía el dinero completo de contratos vinculados a la marca del fútbol argentino, retenía una comisión y luego transfería el resto. La comisión mencionada es alta: 30%. Esa lógica coincide con la que luego se describió para otras firmas que también operaron como intermediarias.

En términos de montos, la reconstrucción sostiene que Odeoma recibió transferencias por más de US$30 millones en el marco de contratos firmados desde 2018. La cifra toma relevancia por el volumen y por el porcentaje retenido, ya que el 30% implica una porción muy grande del ingreso total. En esa línea, la metodología descripta se repite: cobro total, descuento de comisión y giro del 70% restante.

El uso de intermediarios en el exterior se vincula, en el mismo trabajo periodístico, con un contexto donde muchas instituciones y empresas buscaban canales para cobrar divisas fuera de Argentina. Ese escenario de restricciones cambiarias y brechas de cotización instaló durante años la idea de operar con vehículos externos. En el caso AFA, la práctica aparece como recurrente y no limitada a un solo contrato.

OTRAS NOTICIAS

Puerto Madryn abre cupos para el patio gastronómico del show de Los Dragones

La investigación señala que Odeoma y su marca comercial Gold Medal Sports firmaron al menos siete contratos con la AFA desde 2018. Un dato que llama la atención en esa descripción es que los acuerdos no apuntaban a actividades en España, pese a la radicación de la firma. La mayoría la ubicaba como representante comercial, con tareas vinculadas a acuerdos y proyectos relacionados con la explotación de la marca.

Dentro del entramado aparece como figura mencionada Fabián Marcelo Ramón Saracco, empresario argentino oriundo de Santiago del Estero, señalado como socio minoritario a través de una sociedad. También se menciona que su nombre tenía cercanía con el círculo del tesorero Pablo Toviggino, siempre en el marco de la reconstrucción periodística. En el mismo texto, además, se incorpora otro argentino, Enzo Fabián Trungellitti, asociado a una empresa registrada en España.

Otro aspecto que se describe es el funcionamiento operativo de la firma en Madrid, con una dirección en Paseo de la Castellana y un esquema de oficinas compartidas. El dato aparece en el trabajo como una pieza para contextualizar el tamaño real de la estructura. Ese tipo de instalación no es irregular por sí misma, pero contrasta con los montos que se mencionan en relación con los contratos.

La publicación también detalla que Odeoma firmó acuerdos para impulsar proyectos vinculados a productos digitales y tareas vinculadas al fútbol local, y que su expansión incluyó sociedades y movimientos empresariales en otros rubros. En paralelo, el informe describe la continuidad del modelo con otros intermediarios en distintos países, especialmente Estados Unidos, bajo lógicas similares de cobro externo y comisiones.

OTRAS NOTICIAS

Agosto de 1991: cuando la ceniza del Hudson llegó a Madryn y oscureció la Patagonia

Una frase incluida en ese material resume el tono con el que un representante de la compañía se refirió a los contratos. “Son contratos privados de los que no puedo ni quiero informarle porque hay cláusulas de confidencialidad de por medio”, dijo, según la investigación, al ser consultado por los acuerdos. Esa respuesta plantea un límite para el acceso público a los detalles finos, mientras el debate público crece alrededor de los mecanismos de cobro y control.

El caso vuelve a instalar preguntas sobre controles internos y transparencia en acuerdos comerciales de gran escala, especialmente cuando el primer cobro queda en manos de terceros y los porcentajes retenidos son elevados. En el plano institucional, el foco queda puesto en cómo se supervisan estos circuitos, qué se informa y qué se mantiene bajo reserva. Y en el plano social, la discusión se alimenta de la magnitud de los montos y de los nombres que aparecen en el entramado.