“Descubrimos que el acceso a Pardelas no era una servidumbre de paso, era además una ruta provincial”

Chubut12/01/2026

Claudia Bard

La Defensoría del Pueblo activó un pedido de informes al Ministerio de Turismo tras conocer por los medios el cierre de caminos en Península Valdés. La defensora Dra. Claudia Bard contó que la actuación se inició “de oficio” y que busca precisiones sobre medidas inmediatas, acceso a miradores y decisiones previstas para evitar que estas situaciones se repitan.

En diálogo con el programa “El Quinto Poder” por #LA17, Bard ubicó el punto central en la responsabilidad estatal. Señaló que la Defensoría no opera con poder sancionatorio directo sobre privados y que su intervención se canaliza hacia el Ejecutivo provincial, al que le requiere respuestas formales y acciones concretas para restablecer accesos.

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La defensora vinculó el episodio actual con antecedentes que, según dijo, ya generaron conflictos con familias y con visitantes. “Ya hemos tenido problemas con algunas familias y la situación de cerrar accesos a las playas”, sostuvo, y remarcó que el organismo intenta evitar que la restricción de entradas “se dé en el tiempo” como una práctica repetida. En ese repaso, Bard recordó el caso de Pardelas, donde la Defensoría realizó investigaciones propias y encontró un punto de gravedad institucional. “Descubrimos que el acceso a Pardelas no era una servidumbre de paso: era además una ruta provincial”, relató, y subrayó que el cierre no afectaba solo el ingreso a una playa sino también el tránsito por un trazado bajo jurisdicción pública.

La entrevistada también marcó límites concretos del organismo que conduce. “No tenemos poder de policía, podemos hacer sugerencias”, afirmó, y detalló que la Defensoría trabaja con competencia frente al Estado provincial, no frente a la empresa o la familia propietaria. En ese marco, explicó que la “máxima herramienta” institucional es una sugerencia al Ejecutivo, mientras que la potestad de obligar queda en manos de la Justicia.

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Bard sostuvo que parte del problema radica en que algunas intervenciones previas no terminaron en soluciones de fondo. “No se cumplió con todo lo que se había sugerido”, dijo sobre actuaciones anteriores, y agregó que la ruta vinculada al acceso a Pardelas “todavía no se volvió a trazar ni se abrió efectivamente a la comunidad”, un punto que, según su lectura, deja abierta la puerta a nuevos cierres.

La discusión jurídica apareció en la entrevista a partir de la mención de antecedentes judiciales y del posible carácter delictivo de mantener una ruta cerrada. Bard coincidió con ese enfoque en términos generales y remarcó que el camino institucional para avanzar requiere que el Estado provincial impulse acciones y, si corresponde, inste instancias judiciales. “Si acá hay una comisión de un delito, hay que instar una instancia penal para que actúe la justicia”, expresó.

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En el caso puntual de Pardelas, además, señaló un componente técnico que excede la voluntad de las partes. Indicó que el trazado original necesita una modificación por razones naturales y que esa decisión depende del Estado. “Esa ruta necesita de un nuevo trazado, porque hay un médano que se va corriendo”, explicó, y remarcó que el Ejecutivo debe llevar adelante ese replanteo para asegurar un acceso efectivo.

Sobre el presente, la defensora informó que el Ministerio de Turismo aún no respondió el pedido de informes, aunque se encuentra dentro del plazo administrativo. Mientras tanto, anticipó que la Defensoría mantendrá el seguimiento y evaluará nuevas vías en función de las presentaciones que reciba. “Vamos a seguir insistiendo y evaluando la posibilidad de presentar algún amparo correctivo, que siempre va a ser contra la provincia”, afirmó.

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Bard cerró con una idea que atraviesa el tema: el derecho de acceso público a costas, playas y sectores turísticos. “No hay forma de discutirlo, la ley es muy clara”, sostuvo, al señalar que los antecedentes administrativos y judiciales tienden a respaldar la apertura.