Accesos a miradores de Península: “No sabemos qué va a hacer hoy la dueña del campo”

En Puerto Madryn, la llegada del crucero Equinox volvió a poner en primer plano un conflicto que impacta de lleno en la operatoria turística de la temporada. La discusión gira alrededor del acceso a los miradores de Caleta Valdés y Boca de la Caleta, puntos que concentran parte de las excursiones más demandadas por visitantes que desembarcan por pocas horas. Para el sector, el problema ya dejó de ser una controversia “de palabra” y se transformó en una cuestión de cumplimiento de una resolución oficial.

La integrante de la Cámara Argentina de Turismo, Leticia Benítez, aseguró que el lunes por la tarde se reabrieron los dos miradores por segundo día consecutivo, aunque marcó incertidumbre sobre lo que podía ocurrir en la jornada siguiente. “No sabemos qué va a ser hoy la dueña del campo”, expresó, y anticipó que el Ministerio provincial enviaría funcionarios temprano para sostener el acceso. El planteo central fue que la actividad turística necesita condiciones claras para funcionar sin sobresaltos.

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Benítez sostuvo que la discusión ya tiene un marco concreto. “No es lo que decimos el sector privado,  sino lo que está diciendo el gobierno”, afirmó, al referirse a la resolución que ordena mantener abiertos los miradores para uso público “hasta que la justicia resuelva quién tiene razón”. En la entrevista insistió en que, si existe una norma vigente, corresponde aplicarla del mismo modo para todos.

En su reconstrucción del origen del acceso, Benítez explicó que el uso turístico no empezó por la fuerza, sino por acuerdos previos entre actores vinculados a la conservación y al territorio. “Hubo un acuerdo, para poder hacer un acceso público a este sector”, señaló, y ubicó un cambio de escenario desde mediados de 2025, cuando empezó el reclamo para cerrar el área y pasarla a una lógica privada. En ese punto, marcó una diferencia sobre inversiones: “El que puso el dinero para hacer las pasarelas, mantenerlo y cuidarlo fue el Estado provincial”, a través de la administradora de Península Valdés.

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La dimensión económica apareció de inmediato vinculada al turismo de cruceros, que trabaja con planificación larga. Benítez remarcó que las excursiones no se reorganizan en el momento. “Estos cruceros mucha gente lo compró con un año de anticipación”, afirmó, y agregó que cualquier modificación debería hacerse con tiempo, de manera gradual, para evitar pérdidas y reclamos que luego resultan difíciles de resolver.

La entrevistada también encuadró la disputa dentro de una dinámica institucional más amplia. Señaló que la propietaria del campo mantuvo reuniones con el Estado provincial durante un período extenso, pero sin plantear este reclamo en esos encuentros, según su versión. “Jamás le reclamó este lugar”, dijo, y diferenció el tema miradores de otros problemas internos del establecimiento, que, a su entender, deben canalizarse por otras vías.

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En la charla se mencionó un punto de negociación que, según Benítez, resultó determinante en la escalada del conflicto. “A lo único que se le dijo que no fue al canon de $7000”, explicó, y sostuvo que después de esa negativa se concretó el cierre del acceso. Desde su mirada, esa decisión golpea directo en la imagen de destino y en el trabajo cotidiano del sector turístico.

El conductor recordó antecedentes judiciales sobre caminos y accesos en la zona, y Benítez coincidió en la necesidad de cumplir fallos y resoluciones. “Hay que respetar” el uso del área, expresó, y destacó que el ordenamiento del espacio depende del turismo organizado y de quienes cuidan el patrimonio natural. En esa línea, consideró que la intervención del Estado es parte del funcionamiento regular de una reserva provincial.

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La discusión también dejó planteada la pregunta sobre hasta dónde debe llegar el operativo estatal para garantizar el tránsito y el ingreso a los miradores. Benítez sostuvo que el ministro de Turismo provincial le transmitió una definición concreta. “Él va a mantener el espacio abierto y va a hacer cumplir, la resolución”, afirmó, y agregó que la herramienta para impugnar esa decisión es recurrir a la Justicia, tal como evalúan diferentes actores.

Mientras tanto, el sector turístico observa un impacto que va más allá de una excursión puntual. Benítez describió el efecto del turismo de cruceros sobre la economía local. “Hay un gran derrame a la ciudad cada vez que llega un crucero”, aseguró, y enumeró trabajo para guías, choferes, agencias y consumo en comercios gastronómicos y regionales. Su conclusión fue directa: “Todos tenemos la obligación de cuidar el turismo”, porque se trata de una fuente de ingresos y empleo para Puerto Madryn.