Presos denuncian una invasión de ratas en una alcaidía y deficiencias sanitarias
Policiales17/01/2026
REDACCIÓN
Las condiciones de salubridad dentro de los establecimientos de detención vuelven a quedar en el centro de la escena a partir de una denuncia realizada en la Alcaidía Departamental de Melchor Romero, donde se advierte una presencia persistente de ratas en distintos sectores del edificio. La situación fue expuesta por un trabajador del sistema penitenciario, quien describió un escenario que excede cualquier episodio ocasional y remite a un problema sostenido en el tiempo.
Según el testimonio, los roedores circulan en áreas de trabajo, espacios comunes y sectores operativos, lo que descarta la posibilidad de focos aislados o circunstancias excepcionales. La convivencia cotidiana con esta plaga genera preocupación no solo por el impacto visual y ambiental, sino por las consecuencias directas sobre la salud de quienes cumplen funciones laborales dentro del establecimiento.
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La alcaidía depende del Servicio Penitenciario Bonaerense, organismo que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, el denunciante remarcó que la situación es conocida desde hace tiempo, aunque no se habrían aplicado acciones de saneamiento capaces de revertir el problema.
El riesgo sanitario aparece como uno de los puntos más sensibles del planteo. Las ratas son transmisoras de enfermedades, contaminan alimentos y superficies, y su presencia constante refleja condiciones de higiene y salubridad incompatibles con una institución estatal. El impacto alcanza tanto al personal penitenciario como a las personas privadas de la libertad que permanecen alojadas en el lugar.
En su declaración, el trabajador advirtió que “trabajar en estas condiciones es peligroso y vulnera derechos básicos de salud y seguridad”, una afirmación que resume el malestar creciente entre quienes desarrollan tareas cotidianas en la alcaidía. La frase expone además una dimensión laboral que suele quedar relegada cuando se analizan las problemáticas del sistema carcelario.
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La denuncia también pone en evidencia una falta de respuestas estructurales, ya que, de acuerdo a lo manifestado, no se implementaron soluciones efectivas para erradicar la plaga ni para prevenir su expansión. La continuidad del problema refuerza la percepción de abandono y ausencia de controles sanitarios periódicos.
El establecimiento se encuentra en la órbita del Ministerio de Justicia provincial, actualmente conducido por Martín Mena, lo que vuelve a colocar la discusión en el plano de las responsabilidades institucionales. La denuncia no apunta a una gestión puntual, sino a un deterioro acumulado que requiere intervención sostenida y planificación sanitaria.
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Desde el entorno laboral, se remarcó que la exposición permanente a este tipo de condiciones incrementa los riesgos físicos y psicológicos, deteriora el clima de trabajo y afecta el normal funcionamiento del servicio penitenciario. En paralelo, las personas detenidas quedan expuestas a un entorno que no garantiza estándares mínimos de salubridad.
Por razones laborales y de seguridad, la identidad del denunciante fue preservada. Sin embargo, el planteo volvió a abrir el debate sobre las condiciones reales de detención y trabajo en dependencias penitenciarias, y sobre la necesidad de que las políticas públicas contemplen no solo el control institucional, sino también la salud como un componente central del sistema.
Fuente: NA
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