Investigan una red de estafas inmobiliarias con tierras protegidas en Neuquén

El sistema de fiscalización sobre el territorio de Pulmarí detectó maniobras fraudulentas que involucran a personas vinculadas con el poder político y el sector de los hidrocarburos. La Corporación Interestadual Pulmarí ratificó que la propiedad de estas tierras es inalienable y que cualquier transacción realizada entre particulares sobre esos lotes constituye un delito. Se estima que al menos 150 compradores habrían participado en estas operaciones, confiando en una estructura que simulaba legalidad a pesar de las prohibiciones vigentes.

La dinámica del fraude se apoyó en la participación de cinco familias de pobladores que, contando con permisos de uso, decidieron transferir terrenos de forma ilegal. Para otorgar una apariencia lícita a estos actos, habrían intervenido al menos dos escribanías que actualmente se encuentran bajo sospecha judicial y administrativa. Los adquirentes, entre los que figuran antiguos administradores de recursos provinciales, construyeron residencias de fin de semana sin contar con ningún tipo de planificación ni autorización ambiental.

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El actual marco normativo que rige en la provincia impone un criterio de tolerancia cero frente a los negocios espurios con bienes del Estado. Daniel Salazar, presidente del organismo que administra estas tierras, fue categórico al referirse a la naturaleza de estas transacciones económicas. El funcionario aseguró que “quien venda aquello que no es propio incurre en el delito de estafa”, marcando una posición institucional que busca desarticular definitivamente el mercado negro de lotes en zonas protegidas.

La jurisdicción de estas tierras está protegida por la Ley Nacional Nº 23.612, la cual impide taxativamente cualquier transferencia o cesión de derechos por fuera del ente oficial. El organismo de control es una entidad tripartita donde conviven representantes de la Nación, la Provincia y las comunidades mapuches originarias. Esta composición busca asegurar que el territorio no sea fragmentado por intereses privados ajenos a la ley, garantizando la preservación del modelo de propiedad comunitaria.

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A pesar de las advertencias legales, la ocupación clandestina avanzó con la construcción de plateas y estructuras de hormigón en zonas de alta sensibilidad ecológica. Durante las tareas de fiscalización, el personal encargado de ejecutar demoliciones de obras ilegales sufrió amenazas por parte de sujetos que defienden sus intereses económicos por fuera de la ley. Estas situaciones de violencia se tradujeron en denuncias penales y civiles que el organismo interestatal ya elevó a las autoridades correspondientes para frenar el avance de las edificaciones.

La presencia de figuras mediáticas y ex ministros entre los compradores le otorga a la causa una magnitud que excede lo meramente administrativo. Aunque los nombres específicos se mantienen en reserva por el secreto de sumario, la documentación existente prueba que una de las vendedoras tuvo un rol protagónico en la política regional hace una década. El uso de influencias para acceder a recursos naturales protegidos es uno de los ejes que la justicia intenta desgranar para determinar el grado de complicidad en cada operación.

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Desde la entidad administradora confirmaron que iniciarán todas las acciones necesarias para recuperar el patrimonio afectado por estas ventas clandestinas. “La Corporación ejercerá los actos que correspondan en defensa de sus bienes, incluyendo presentaciones administrativas y denuncias penales y civiles frente a irregularidades”, explicaron fuentes oficiales sobre el curso de los expedientes. Esta postura marca un quiebre respecto a gestiones anteriores donde las denuncias sobre cesiones irregulares no lograban avanzar en los estrados judiciales.

El historial de anomalías en la región tiene antecedentes que hoy vuelven a cobrar relevancia bajo la mirada de los nuevos auditores. Hace varios años, se registraron reclamos sobre beneficios otorgados a familiares de titulares de entes de tierras, pero esas causas quedaron estancadas por presiones internas. La actual política de revisión de expedientes busca que los responsables de estas maniobras afronten las consecuencias penales, independientemente del cargo que hayan ocupado o la empresa a la que pertenezcan.

La estafa inmobiliaria no solo afecta al erario público, sino que pone en riesgo el equilibrio ambiental de un destino caracterizado por sus lagos y elevaciones naturales. La construcción de residencias sin servicios adecuados ni estudios de impacto ambiental genera un daño que las autoridades califican como irreparable a corto plazo. La prioridad de la gestión actual es garantizar la protección del territorio y asegurar que el acceso a la tierra cumpla con los procedimientos de veranada y producción previstos originalmente por el Estado nacional.