El Gobierno fija controles más estrictos para contratar personal y cubrir vacantes en el Estado
Política23/01/2026
REDACCIÓN
Empleo público
El Gobierno nacional formalizó un nuevo esquema de exigencias para la contratación de personal y la modificación de cargos dentro de la Administración Pública Nacional. La medida quedó plasmada en la decisión administrativa 1/2026, que reglamenta aspectos centrales del Presupuesto 2026 y establece condiciones más severas para el ingreso, la reasignación y la validación de funciones ejecutivas en el Estado.
La norma lleva las firmas del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Andrés Caputo, y apunta a un mayor control del gasto público y de la estructura administrativa. A partir de ahora, cualquier incorporación, homologación o modificación de cargos queda sujeta a una evaluación centralizada y a la validación política y presupuestaria correspondiente.
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Uno de los cambios más relevantes es la concentración de la aprobación final en la Presidencia, que deberá autorizar incorporaciones, reasignaciones o eliminaciones de cargos incluidos en el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) y en otros convenios sectoriales. Para llegar a esa instancia, los expedientes deberán contar previamente con el visto bueno de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y de la Secretaría de Hacienda, lo que agrega nuevas etapas al circuito administrativo.
La reglamentación exige además que cada jurisdicción presente una fundamentación detallada de la necesidad del cargo, junto con un análisis preciso de costos y de financiamiento presupuestario. El objetivo declarado es evitar ampliaciones de planta sin sustento económico y reducir márgenes de discrecionalidad en la gestión de recursos humanos.
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En relación con las vacantes, el texto es explícito: no se podrá cubrir ningún cargo sin certificar previamente su existencia formal y su financiamiento. Esta condición obliga a las dependencias a demostrar que el puesto figura en la estructura aprobada y que cuenta con partidas asignadas, antes de iniciar cualquier proceso de contratación.
El control sobre la información del personal también se refuerza. Las jurisdicciones deberán remitir informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda con datos completos sobre la evolución de sus plantas, incluyendo contrataciones de cualquier modalidad y fuente de financiamiento. Se trata de un seguimiento periódico que busca ordenar el registro del empleo estatal y transparentar su crecimiento o reducción.
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La decisión administrativa amplía además las exigencias de rendición de cuentas sobre programas y obras públicas. Las áreas responsables deberán presentar programaciones anuales y trimestrales de mediciones físicas, junto con informes mensuales de avance ante la Oficina Nacional de Presupuesto. El incumplimiento reiterado habilita a la Secretaría de Hacienda a no cursar órdenes de pago, una herramienta que introduce presión directa sobre la ejecución administrativa.
Otro punto incluido en la normativa refiere al manejo de fondos remanentes. Los recursos no utilizados del ejercicio 2025 por las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo deberán ingresar a la Tesorería General de la Nación antes del 30 de octubre de 2026, salvo excepciones previstas por ley. La medida busca evitar acumulaciones de fondos fuera del control central.
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En conjunto, el nuevo marco normativo redefine el acceso al empleo público y ajusta los mecanismos de control sobre personal, presupuesto y ejecución, en línea con los lineamientos generales del Presupuesto 2026. El impacto concreto se reflejará en procesos de contratación más extensos, con mayor intervención de áreas centrales y un seguimiento más estrecho de cada decisión administrativa.
Fuente: LA NACION.
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