
Activan recompensas millonarias por datos sobre dos prófugos con causas penales de extrema gravedad
Policiales28/01/2026
REDACCIÓN
El Ministerio de Seguridad activó un esquema de recompensas millonarias para obtener información confiable sobre dos personas con pedidos de captura vigentes por delitos graves en distintas jurisdicciones.


El Gobierno nacional volvió a recurrir al sistema de recompensas económicas como vía para destrabar investigaciones penales que arrastran años sin resolución efectiva. A través de resoluciones recientes, el Ministerio de Seguridad Nacional habilitó pagos millonarios a quienes aporten información certera que permita localizar y detener a dos personas con pedidos de captura vigentes, involucradas en delitos de extrema gravedad.
El esquema contempla aportes voluntarios de información, bajo la condición expresa de que quienes colaboren no hayan participado en los hechos investigados. La operatoria se canaliza a través del Programa Nacional de Recompensas, que centraliza los datos y evalúa su utilidad operativa antes de autorizar cualquier pago.
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Uno de los casos alcanza a Maximiliano Ariel Liquitay, sobre quien pesa una orden de captura nacional e internacional desde enero de 2024. La investigación lo señala como coautor del delito de lavado de activos agravado, una causa impulsada desde la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA, con intervención de Diego Iglesias. Para este expediente, el Estado fijó una recompensa de $5 millones, válida en todo el territorio argentino.

En la información oficial incorporada al expediente figura un último domicilio registrado en avenida Colón 737, barrio Alberdi, en la provincia de Córdoba, dato que forma parte de los elementos utilizados para orientar la búsqueda. Desde el Ministerio indicaron que “Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas”.
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El segundo caso responde a una lógica distinta, pero recurre al mismo instrumento. Se trata de Sergio Eduardo Giménez, condenado a quince años de prisión por abuso sexual agravado contra sus hijos, con hechos ocurridos entre 2005 y 2006. La sentencia quedó firme, pero el condenado se dio a la fuga, situación que mantiene activa una orden de captura nacional e internacional desde 2015.

La solicitud de recompensa surgió del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°15, a cargo de Adrián Norberto Martin, que reiteró el pedido en dos oportunidades durante octubre y diciembre de 2025. Para este caso, el monto autorizado asciende a $10 millones, y la recompensa rige dentro del territorio argentino.
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En el expediente constan últimos domicilios conocidos en Ruta Nacional N°2, kilómetro 24, de Capiatá, y en la localidad de Villa Rica, en Paraguay, referencias incorporadas para facilitar la localización del prófugo. El Ministerio de Seguridad aclaró que la recompensa se efectiviza únicamente ante datos comprobables que conduzcan a la captura.
Fuente: NA.















