Jubilados: El bono de $70.000 se “desinfló” a menos de la mitad de su valor

Actualidad30/01/2026

Jubilados ven mermados sus ingresos.

El bono adicional de $70.000 que cobran jubilados y pensionados con haberes mínimos volvió a quedar sin cambios y ya cumple dos años sin actualización. En la práctica, no solo se trata de un número congelado: es una parte del ingreso mensual que cada vez compra menos y que se nota en la comparación con el haber mínimo. La pérdida de poder adquisitivo supera el 60%, según los cálculos incluidos en el análisis del impacto.

La confirmación llegó con un decreto publicado por el Poder Ejecutivo Nacional, que ratificó que en febrero el bono se mantiene en $70.000. Con esa decisión, se consolida un esquema que recorta el valor real del extra sin tocarlo nominalmente. El Gobierno de Javier Milei sostiene el superávit fiscal con un gasto que baja en términos reales, y el bono aparece como una de las herramientas de esa dinámica.

En el bolsillo, el efecto se ve cuando se mira el monto final que percibe quien cobra la mínima. Para febrero, el haber base queda en $359.254,35, tras una suba de 2,84% correspondiente a la inflación de noviembre. Con el bono sumado, la jubilación de bolsillo pasa a $429.254,35, un techo que ordena el pago y también genera situaciones límite.

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Ese tope no es un detalle menor, porque introduce un corte muy fino entre quienes cobran el bono completo y quienes quedan prácticamente afuera. El texto marca un ejemplo directo: si un jubilado tiene un haber de $429.253,35, recibe apenas $1 adicional. Esa regla transforma al bono en un beneficio que no se distribuye de manera gradual, sino con saltos que pueden resultar difíciles de explicar para el beneficiario.

El deterioro del extra también se mide por el lugar que ocupa dentro de la jubilación mínima. En marzo de 2024, el bono representaba 34,24% de un haber mínimo, mientras que en enero de 2026 cayó a 16,31%. Es decir, pasó de ser una porción relevante del ingreso a convertirse en un complemento mucho más chico, incluso sin que el monto se moviera un solo peso.

Detrás de esa caída aparece la inflación acumulada del período. Entre marzo de 2024 y enero de 2025, se estima un acumulado de 112% en enero y 114% en febrero, cifras que explican por qué el bono quedó atrasado. Con precios que suben y un extra inmóvil, el resultado es una reducción silenciosa que golpea más fuerte en los sectores de menor ingreso previsional.

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El Gobierno ya había tocado el monto, pero solo una vez y en un contexto de inflación disparada. Al llegar a la Casa Rosada en diciembre de 2023, Milei aplicó una devaluación que empujó la inflación al 20% en enero de 2024 y 13% en febrero. Para amortiguar el impacto, elevó el bono heredado de $55.000 a $70.000 a partir de marzo de ese año, y desde entonces quedó fijo.

La situación se vuelve todavía más pesada para quienes cobran prestaciones que parten de una base más baja. El bono también alcanza a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC). En esos casos, los haberes equivalen al 80% y 70% de una jubilación mínima respectivamente, por lo que el extra pasa a ser una parte más determinante del ingreso total y el congelamiento se siente con más fuerza.

El panorama para lo que resta del año no trae señales de cambio, al menos por lo que figura en la planificación oficial. El texto sostiene que el presupuesto 2026 aprobado por el Parlamento no contempla la actualización de este aporte extra. Y marca un número que resume el atraso: para mantener el poder de compra de hace dos años, el bono debería ubicarse cerca de $180.000.

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En el plano político, el tema ya generó un choque fuerte entre el Ejecutivo y el Congreso. En plena tensión con gobernadores antes de las elecciones, el Parlamento votó una ley con un aumento adicional del 7% para jubilados y una suba del bono a $110.000. Milei acusó a la oposición de querer “voltear” al Gobierno al afectar el equilibrio fiscal y lo vetó, y luego logró sostener esa decisión con apoyo legislativo tras negociaciones con gobernadores dialoguistas.

La discusión de fondo, según plantea el texto, es que el sistema previsional quedó como una de las variables principales para sostener el ajuste del gasto real. El Gobierno fijó una actualización atada a inflación pasada, lo que impide recuperar terreno si los precios corren por delante. En paralelo, dentro del oficialismo y entre quienes defienden la política aparece un argumento frecuente: que muchos jubilados que cobran la mínima ingresaron por moratorias que desfinanciaron el sistema.

El impacto fiscal de actualizar el bono también aparece cuantificado. Especialistas en cuentas públicas estiman que llevarlo al ritmo de la inflación representaría un costo cercano a 0,4% del PBI. Al evitar ese ajuste, el Gobierno obtiene un ahorro directo que ayuda a sostener el superávit financiero, en un esquema donde el gasto previsional sigue siendo el rubro más voluminoso del presupuesto nacional, históricamente cerca del 40% del gasto primario.

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Además del congelamiento del bono, el texto advierte sobre recortes en otras partidas sensibles. El presupuesto contempla una reducción nominal del 45% en fondos para sentencias judiciales firmes de ANSES, de $390.000 millones a poco más de $212.000 millones. También proyecta una baja de 153.000 beneficiarios en pensiones por invalidez laboral, lo que expone que el ajuste no se concentra solo en el ingreso corriente, sino también en obligaciones pendientes del sistema.