Qué habilita y cómo opera la Emergencia Ígnea declarada por el Gobierno nacional
Chubut30/01/2026
REDACCIÓN
El DNU 73/2026 fija un marco excepcional por un año, redefine competencias y centraliza la respuesta ante incendios forestales en cuatro provincias.
La declaración de la Emergencia Ígnea dispuesta por el Gobierno nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026 no se limita a una respuesta coyuntural frente a los incendios activos. El texto normativo construye un andamiaje legal, operativo y federal que redefine cómo interviene el Estado ante eventos que superan la capacidad de respuesta ordinaria.
El decreto parte de un anclaje constitucional explícito. En sus considerandos invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano y asigna a las autoridades el deber de proteger el patrimonio natural. No se trata de una mención formal: ese encuadre justifica la intervención directa del Estado nacional frente a daños ambientales que exceden el interés local.
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Sobre esa base, el texto se apoya en dos leyes centrales. Por un lado, la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental ante incendios forestales y rurales. Por otro, la Ley 27.287, que regula el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, y habilita la declaración de emergencia y zona de desastre cuando un evento compromete seriamente a la población y los bienes.
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es el uso simultáneo de dos figuras jurídicas distintas. El artículo 1 declara la Emergencia Ígnea por el plazo de un año, mientras que el artículo 2 declara zona de desastre a los territorios afectados. Esta doble declaración amplía el margen de acción del Estado y habilita medidas excepcionales tanto en la respuesta inmediata como en la recuperación posterior.
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La Emergencia Ígnea permite actuar con prioridad sobre la presupresión, el combate del fuego, la restauración ambiental y la prevención de nuevos focos. La zona de desastre, en cambio, habilita mecanismos extraordinarios de asistencia, reorganización de recursos y flexibilización administrativa, sin necesidad de nuevas normas específicas.
El decreto delimita con precisión su alcance territorial. La emergencia rige en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, una definición que responde tanto a la localización de incendios activos como a la evaluación de riesgo regional por condiciones climáticas adversas, sequía persistente y vientos intensos.
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En términos institucionales, el texto consolida a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) como actor central del sistema. Creada en 2025 como organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad Nacional, la AFE recibe en este decreto una ampliación operativa concreta que la posiciona como coordinadora de todas las acciones vinculadas a la crisis ígnea.
El artículo 3 detalla ese rol con claridad. La AFE queda a cargo de coordinar acciones de prevención, presupresión y combate de incendios, pero también de asistencia a las personas y familias afectadas, apoyo a provincias y municipios, y ejecución de las herramientas previstas en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. No se trata solo de apagar incendios, sino de administrar integralmente la emergencia.
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El decreto establece además un esquema de coordinación federal obligatoria. Todas las acciones deben realizarse junto a los gobiernos provinciales y municipales, respetando los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego. El texto evita una lógica de sustitución de competencias, pero refuerza la conducción nacional ante una crisis que supera las capacidades locales.
Otro punto central es la justificación del uso del DNU. El Poder Ejecutivo argumenta que la magnitud del daño ambiental, el riesgo para la vida humana y el colapso de los medios disponibles hacen imposible esperar el trámite legislativo ordinario. En ese marco, se invoca el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y la Ley 26.122, que regula el control parlamentario posterior.
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En ese sentido, el decreto cumple con el paso formal de dar intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez. El control legislativo no se elimina, pero queda desplazado en el tiempo, priorizando la respuesta inmediata del Estado.
Leído en conjunto, el DNU 73/2026 no solo declara una emergencia, sino que reordena el sistema de gestión de incendios a escala federal, centraliza la coordinación operativa y habilita una respuesta estatal intensiva durante un año. Su alcance excede la coyuntura actual y deja planteado un esquema de intervención que puede marcar precedentes para futuras crisis ambientales de gran escala.
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