El debate por la baja en la edad de imputabilidad expone límites políticos y técnicos al plan del Gobierno

El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió a escena con una advertencia clara de los bloques que suelen acompañar al Gobierno. El respaldo está, pero llega con un límite preciso. Para esos espacios, el piso aceptable se ubica en los 14 años, lejos de la intención original del Ejecutivo.

Las declaraciones de Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, dejaron en evidencia que la discusión interna sigue abierta. “La baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años, pero creo que incluso debería ser menos”, afirmó. Esa definición reactivó tensiones que parecían saldadas en el Congreso.

Dentro del oficialismo conviven miradas distintas. Algunos referentes consideran que insistir con los 13 años responde al nuevo escenario político y a hechos de alto impacto social. Otros admiten que moverse de ese número puede poner en riesgo los votos necesarios para que la ley llegue al recinto.

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Los aliados recuerdan que el consenso previo no surgió por casualidad. En aquel acuerdo, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica empujaron la edad mínima a los 14 años y ajustaron las penas máximas. Ese equilibrio permitió un texto que, aunque no se votó, dejó un piso común.

Desde el bloque que conduce Cristian Ritondo explican que la posición no responde solo a cálculo político. “No hay consenso médico ni psicológico sobre si un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos”, sostuvieron. También citaron marcos internacionales y estudios en neurociencias para justificar la cautela.

El argumento técnico se completa con una advertencia operativa. “Sabemos que bajar la edad implica un esfuerzo grande en términos de infraestructura y bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos de un día para el otro”, señalaron. En ese punto recordaron que la Corte Suprema ya marcó falencias graves en el sistema actual.

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La postura también expresa un mensaje político hacia el Ejecutivo. En el PRO hablan de una etapa de acompañamiento con condiciones, atravesada por heridas recientes dentro del espacio. Ese clima explica por qué el respaldo no aparece como automático.

En la UCR, el diagnóstico es similar. “La discusión no debería volver a foja cero porque el tema ya está casi alineado en una de las Cámaras”, indicaron desde el bloque. Para los radicales, forzar una nueva negociación implica dilatar una ley que ya tenía un camino avanzado.

La advertencia final se apoya en los números. “Por querer jugar a fondo, pueden perder el número que prácticamente ya tienen asegurado para bajar la imputabilidad a los 14 años”, remarcaron. Sin los votos del interbloque que integran PRO, UCR y MID, el quórum en Diputados aparece como un obstáculo difícil de sortear.