Odarda apuntó al acuerdo con Mekorot y cuestionó la cesión de datos hídricos estratégicos

La legisladora rionegrina puso el foco en la relación del Gobierno con la empresa israelí y reclamó explicaciones sobre el uso y control de información sensible del agua.

La relación entre el Gobierno de Río Negro y la empresa israelí Mekorot quedó en el centro de la escena política provincial. La legisladora Magdalena Odarda, del Bloque Vamos por Todos, concentró sus cuestionamientos en ese vínculo y reclamó definiciones públicas al gobernador Alberto Weretilneck sobre el alcance real del acuerdo.

En un contexto de escasez hídrica sostenida, Odarda sostuvo que el manejo del agua no puede desligarse de la soberanía estatal. Para la legisladora, el problema no pasa solo por la falta del recurso, sino por quién accede a la información más sensible vinculada a su gestión y planificación.

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“El pueblo de Río Negro sabe que vivimos en emergencia hídrica permanente”, afirmó, y advirtió que existen decisiones oficiales que avanzan en sentido contrario. En ese marco, apuntó directamente a Mekorot, empresa que mantiene convenios de asesoramiento hídrico en distintas provincias argentinas.

Odarda fue contundente al cuestionar la cesión de información estratégica. “Es gravísimo que se cedan los conocimientos más sensibles sobre nuestros bienes naturales comunes a una empresa extranjera”, expresó. Según sostuvo, los datos sobre disponibilidad, uso y proyección del agua forman parte del núcleo de la política pública.

La legisladora remarcó que la planificación hídrica no puede quedar en manos privadas. “La planificación del uso del agua es una responsabilidad indelegable del Estado, no de corporaciones”, señaló, al poner en duda el rol que cumple Mekorot dentro del esquema provincial.

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El planteo adquiere mayor peso en una provincia que reconoce formalmente una situación de emergencia hídrica desde hace más de una década. En ese escenario, Odarda cuestionó la coherencia de recurrir a una empresa extranjera para definir estrategias sobre un recurso limitado y esencial.

Según la legisladora, el problema no es solo técnico, sino político. La cesión de información implica decisiones sobre prioridades, usos y asignaciones futuras del agua. Ese margen de decisión, sostuvo, debe permanecer bajo control público y con mecanismos de transparencia.

Odarda también vinculó el acuerdo con Mekorot a un patrón más amplio de gestión. Planteó que mientras se habla de cuidado del agua, se habilitan esquemas que reducen la capacidad del Estado para decidir de manera autónoma sobre sus recursos.

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El reclamo incluyó un pedido explícito de explicaciones al Poder Ejecutivo. La legisladora exigió conocer qué tipo de información se comparte, bajo qué condiciones y con qué resguardos legales. Hasta el momento, según señaló, no hubo respuestas oficiales claras.

En su cierre, Odarda insistió en que la discusión excede a un contrato puntual. “Río Negro no necesita más discursos vacíos ni declaraciones abstractas: necesita decisiones políticas claras que defiendan el agua, la soberanía y los derechos de su pueblo”, concluyó, reafirmando su rechazo a cualquier cesión de control sobre los bienes hídricos.