La Milla 201 vuelve al centro de la escena y Chubut pone números al costo de no actuar

Con pérdidas millonarias por pesca ilegal y presión fiscal sobre el sector, Chubut prepara propuestas para Nación que cruzan soberanía, empleo y competitividad.

La discusión sobre la pesca en Chubut volvió a correrse del plano técnico para instalarse en un terreno más amplio, donde economía, trabajo y control del recurso aparecen atravesados por una misma urgencia. En ese escenario, la Milla 201 dejó de ser una referencia lejana del mapa marítimo para convertirse en un punto concreto de conflicto, con impacto directo sobre las cuentas provinciales y nacionales. El dato que circula ya no es abstracto: las pérdidas se miden en cientos de millones de dólares por temporada.

Desde esa mirada, el gobernador Ignacio Torres impulsó la conformación de la Mesa de Desarrollo Pesquero, un espacio que reúne al Estado provincial con cámaras empresarias, flotas, sindicatos e intendencias portuarias. La iniciativa no se limita a una foto institucional, sino que busca ordenar una agenda común frente a problemas que el sector arrastra desde hace años. Retenciones, infraestructura, competitividad y pesca ilegal aparecen enlazados en una misma conversación.

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Uno de los ejes más sensibles gira en torno a la pesca ilegal en la Milla 201, el área internacional adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina. Torres fue directo al cuantificar el impacto económico y sostuvo que “no se trata solo de un problema del sector pesquero, sino de un perjuicio económico que estimamos entre 600 y 1.000 millones de dólares que el país pierde por temporada”. Esa cifra, repetida puertas adentro del encuentro, funciona como argumento central para llevar el debate al plano nacional.

En este marco, advirtió que “cuando hablamos de pesca ilegal, también hablamos de otros delitos complejos, como la trata de personas; es una problemática que se arrastra desde hace décadas y que requiere una respuesta integral”, y explicó que existe un acuerdo internacional que contempla “la figura del Estado rector del puerto, para garantizar la trazabilidad de quienes hacen las cosas bien —pagan impuestos y tienen a sus trabajadores en blanco— y diferenciar a quienes actúan por fuera de la ley”.

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En paralelo, la presión fiscal sobre la actividad pesquera ocupa un lugar central en la agenda provincial. Torres subrayó que se trata de una de las pocas economías regionales que no cuenta con beneficios en derechos de exportación, a pesar de su peso en generación de empleo. En ese marco, planteó que la reducción o eliminación de retenciones debe estar asociada a mayor valor agregado y reinversión concreta en el territorio.

El esquema que Chubut busca elevar a Nación propone que el ahorro fiscal derivado de eliminar los derechos de exportación, estimado entre 120 y 160 millones de dólares a nivel país, tenga un destino específico. Según explicó el gobernador, “lo que vamos a elevar a Nación es una propuesta para que ese ahorro se reinvierta en renovación de flota o en infraestructura portuaria”, con impacto directo en competitividad y empleo local. La idea replica experiencias previas aplicadas en otros sectores estratégicos de la provincia.

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En ese punto, Torres trazó un paralelismo con el sector energético y recordó que “con el sector del petróleo conformamos una Mesa de Competitividad”, donde el compromiso de reinversión permitió alinear intereses entre empresas, trabajadores y Estado. El objetivo ahora es trasladar ese modelo a la pesca, un rubro que ya mostró resultados concretos en materia exportadora. De hecho, el gobernador destacó que en 2025 Chubut alcanzó el mayor récord de exportaciones de los últimos veinte años, con la pesca como uno de los principales motores.

La defensa del recurso también aparece ligada a una discusión de fondo sobre soberanía y control portuario. En ese marco, Torres mencionó un proyecto de ley que otorga al Estado un rol más activo como rector del puerto, con capacidad para garantizar la trazabilidad y diferenciar a quienes cumplen la ley de quienes operan al margen. “Hay una cuestión de soberanía que implica defender lo nuestro”, sostuvo, al tiempo que remarcó que Chubut resulta especialmente afectada por la ubicación de la Milla 201 frente a sus costas.

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La agenda provincial no se agota en el diagnóstico y ya tiene un próximo paso definido en el plano político. El gobernador confirmó que mantendrá contacto con el canciller Pablo Quirno para retomar una discusión que considera estratégica. “Necesitamos actuar con urgencia, porque cada año la cantidad de poteros ilegales crece exponencialmente”, advirtió, dejando en claro que el tiempo juega en contra si no hay definiciones concretas a nivel nacional.

En ese contexto, la Mesa de Desarrollo Pesquero se perfila como un ámbito donde confluyen intereses diversos, pero con un denominador común: proteger el recurso, sostener el empleo y recuperar competitividad. Más allá de las propuestas que se eleven a Nación, el debate ya quedó instalado y vuelve a poner a Chubut en el centro de una discusión que combina números duros, territorio y poder de decisión sobre el mar.