Las cárceles ya desbordan y el récord de presos expone un sistema al límite

Un informe del CNPT, publicado en enero de 2026, midió población carcelaria, capacidad real y provincias con tasas extremas. La sobreocupación crece y la preventiva sigue alta.

Argentina cerró 2024 con una cifra que reordena cualquier discusión sobre el sistema penitenciario: 121.443 personas privadas de la libertad. El dato surge del último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), difundido en enero de 2026, y marca la tasa más alta de la historia. La foto no describe solo más detenidos: muestra un encierro que se expande más rápido que la infraestructura.

La tasa nacional llegó a 258 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes, un registro sin antecedentes en la serie que releva el CNPT. El número sintetiza un proceso de largo plazo que no se explica por un único factor, sino por la acumulación de decisiones judiciales y políticas penales que empujan el encarcelamiento. En términos prácticos, ese nivel de encierro también cambia la escala del problema: ya no se trata de “cárceles llenas”, sino de un sistema que funciona con margen negativo.

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La presión se vuelve más evidente cuando se mira la capacidad instalada. El informe sostiene que, a nivel nacional, los sistemas penitenciarios operan al 130,2% de su capacidad, lo que implica que hay 130 personas alojadas donde caben 100. Con esa relación, cualquier traslado, ingreso o medida judicial impacta directo en el hacinamiento y en la gestión cotidiana.

El crecimiento no aparece como un pico aislado sino como una tendencia persistente. En los últimos 25 años, el encierro en prisiones subió en promedio 6% anual, con una excepción marcada en 2020 por el efecto pandemia. En 2024, el aumento fue todavía mayor y alcanzó 7,1%, aun con ampliación de plazas que no alcanzó para bajar la sobrepoblación.

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El mapa provincial deja en claro que el récord no se distribuye de manera pareja. Córdoba aparece en la cima, con casi 377 PPL cada 100.000 habitantes, y detrás se ubican Mendoza (308), Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267), todas por encima de la media. Ese despegue indica que las políticas penales y la dinámica judicial local empujan con distinta intensidad en cada jurisdicción.

La última década, además, muestra saltos que llaman la atención por su velocidad. Entre 2015 y 2024, la cantidad de personas alojadas en cárceles del país creció 67,7%, pero con comportamientos muy distintos según el distrito. Santa Fe registró el incremento más pronunciado (244,8%), seguida por Santiago del Estero (138,2%) y Córdoba (116,6%), tres casos que duplicaron su población carcelaria en menos de diez años.

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La ampliación de plazas aparece en el documento como un movimiento frecuente en 2024, con obras e incrementos de capacidad en Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Sin embargo, el CNPT advierte que esa expansión no siempre reduce el problema estructural, porque muchas veces reorganiza dónde se encierra, pero no cuánto se encierra. En ese punto, el informe deja una frase que resume la paradoja: "Buena parte de esos nuevos centros penitenciarios recibieron a personas que estaban alojadas en comisarías. Esto generó un aumento del encarcelamiento, pero no logró reducir la cantidad de personas detenidas en el ámbito policial, que apenas se estabilizó".

La composición judicial de la población carcelaria también aporta claves para entender por qué crece el encierro. El CNPT señala que el 62,0% de las personas detenidas cuenta con condena, mientras que el 37,3% permanece procesada, sin sentencia definitiva. La diferencia entre provincias resulta marcada: Neuquén registra 99,6% de condenados, y Chaco, Chubut y San Juan superan el 90%, mientras que otras jurisdicciones exhiben proporciones más altas de encierro sin condena.

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En ese último grupo, el informe ubica a Formosa (51%), Córdoba (49%), Buenos Aires (43%) y Misiones (39%) por encima de la media nacional de personas encarceladas sin condena. Ese dato no funciona como etiqueta, pero sí como señal de cómo se usa la prisión preventiva en determinados territorios. Y en paralelo, el detalle por tipo de delito muestra que predominan los delitos contra la propiedad (36,4%), seguidos por los delitos contra las personas (21,7%) y contra la integridad sexual (20,5%), un recorte que suele influir en la duración de los procesos y en las decisiones de encierro.

Fuente: NA.