Protesta en la planta de Red Chamber.
La Justicia penal de Puerto Madryn tomó una decisión poco habitual en conflictos del sector pesquero y sindical. Este jueves 29 de enero de 2026, el juez Francisco Marcelo Orlando resolvió disponer una “prohibición absoluta de acercamiento” contra un dirigente sindical enrolado en el STIA, a partir de una denuncia por actos de intimidación. La medida tiene como víctima al director de Recursos Humanos de la empresa Red Chamber Argentina.
La resolución fijó una restricción inicial por 30 días, con límites concretos para evitar cualquier contacto o situación de presión. En el caso, el dirigente alcanzado por la medida es el delegado del gremio STIA Leonardo Román, quien no podrá acercarse a 200 metros de la planta de procesamiento de Red Chamber. El establecimiento está ubicado en el parque industrial de Puerto Madryn, y el alcance incluye también la prohibición de acercamiento a la persona denunciada en cualquier ámbito.
La decisión cobra relevancia por el tipo de intervención judicial y por el contexto en el que se da. El fallo se enmarca en un expediente por presuntos actos de intimidación y amedrentamiento, prácticas que suelen aparecer en situaciones de tensión laboral, pero que pocas veces terminan con una medida restrictiva de estas características. En este caso, el juzgado resolvió avanzar con una protección concreta para el denunciante.
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Durante el período en que esté vigente la prohibición, la Fiscalía analizará un eventual pedido de audiencia de “apertura de investigación”. Ese paso podría derivar en una imputación formal y un proceso por delitos tipificados en el Código Penal, según se indicó en el planteo. El escenario judicial, por lo tanto, queda abierto y sujeto a la evaluación del Ministerio Público Fiscal en las próximas semanas.
La medida también incluye una advertencia directa: si el delegado viola la prohibición, podría enfrentar un arresto. Ese punto, en términos prácticos, le da un peso adicional a la resolución porque convierte el incumplimiento en una situación con consecuencias inmediatas. En un conflicto donde las tensiones suelen escalar, el fallo busca poner un límite claro.
En el expediente se menciona como parte del cuadro denunciado la difusión de expresiones realizadas por Román en una radio de Puerto Madryn. Según se consignó, el representante del STIA habría incitado a oyentes y trabajadores a que, si se cruzaban en la calle con el responsable de Recursos Humanos, le hicieran saber que era un estafador. Entre las frases señaladas aparece una textual que quedó incorporada en la denuncia: “…ya sabe lo que tiene que hacer no?…”.
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Además, el planteo incluye que Román habría acompañado fotografías del denunciante para que quienes seguían la transmisión pudieran ver su rostro en el canal de YouTube. Ese elemento se incorporó como parte del contexto de exposición pública, en una situación que, según la denuncia, alimentó el temor de la persona afectada. El foco, en este punto, se corrió de una discusión gremial a un terreno de presión personal.
En los fundamentos, el juez Orlando dejó asentado que los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal describen un cuadro fáctico que motivó la denuncia. En el texto de la resolución, sostuvo que se trata de hechos atribuidos al nombrado como presunto autor de intimidación por medios radiales y también en forma personal. Y agregó una frase central para justificar la medida: “surge en forma objetiva un contexto de ‘latente’ intimidación”.
El magistrado también explicó por qué consideró necesario avanzar con una restricción de este tipo. En el mismo tramo del fallo indicó que, ante las circunstancias mencionadas, resultaba “necesario, razonable y proporcional” adoptar medidas de protección. La decisión se basó, según expresó, en el temor manifestado por el denunciante y en el contexto que se describió durante la audiencia.
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El caso se inscribe en un clima de conflicto que, según se indicó, no sería nuevo dentro de la actividad pesquera. En la resolución se menciona que no es la primera vez que sectores sindicales recurren a prácticas de intimidación contra directivos, empleados jerárquicos o empresarios. En particular, se afirmó que en Red Chamber la tónica de las intimidaciones “fue creciendo” en los últimos meses desde sectores del STIA.
En ese sentido, también se remarcó que cada episodio fue denunciado y que se solicitaron medidas ante la Justicia, lo que podría abrir la puerta a nuevas restricciones similares si se repiten hechos. Por ahora, la prohibición de acercamiento dictada por el juez Orlando marca un antecedente fuerte en Puerto Madryn, con un límite judicial que se mete de lleno en una disputa que venía escalando por fuera de los tribunales.
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