Chevron logró que Ecuador pague US$220 millones y la Amazonía espera

PODCASTS Radio Francia Internacional02/02/2026

Un laudo arbitral ordenó a Ecuador pagar US$220 millones a Chevron por costas y “daño a su imagen”, mientras sigue el reclamo por la contaminación.

En el podcast “Vida en el Planeta” de Radio Francia Internacional, el conflicto entre Ecuador y Chevron-Texaco vuelve a mostrar una paradoja difícil de digerir: un Estado condenado a pagarle a una petrolera, mientras las comunidades sostienen que la contaminación no se detuvo. El laudo de un tribunal arbitral ordenó el pago de US$220 millones, un monto asociado a gastos judiciales y al argumento de “daño a su imagen”. La escena pública se sacude porque el giro llega “a pesar de la contaminación masiva” que el propio relato describe en la Amazonía ecuatoriana.

Para quienes viven en la zona, el número no aparece como un detalle técnico sino como una provocación. Deisy Torres, habitante de Lago Agrio e integrante de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco, lo resume con una pregunta que no busca metáfora: “la Amazonía entera que sigue sangrando de petróleo. ¿Cómo es posible que el Estado ecuatoriano vaya a pagarle 220 millones de dólares a esta empresa?”. El reclamo no se apoya en un recuerdo, sino en una continuidad: el territorio sigue ahí, con marcas visibles y problemas sanitarios que no se van.

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El podcast insiste en un dato estructural que ordena el caso: Texaco concluyó sus actividades en Ecuador en 1992, y desde entonces el litigio se estiró por décadas. Las poblaciones de la Amazonía demandaron a la empresa por contaminación y por impactos en la salud, y esa disputa terminó en una condena en 2011. La sentencia ecuatoriana fijó una multa de 9.500 millones de dólares, pero Chevron nunca pagó esa suma, según el relato del episodio.

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La persistencia del daño aparece, además, narrada desde la vida doméstica. Natali Casigña, madre de familia que vive a 500 metros de una instalación petrolera en el cantón de Joya de los Sachas, enumera lo que ve y respira: fugas recurrentes, olor a gasolina, antorchas de gas, agua contaminada y piscinas de residuos que siguen sin limpieza. Su testimonio se vuelve concreto cuando describe el riesgo físico de esas piletas en la selva: “Estas piscinas fueron construidas por la empresa Texaco-Chevron para almacenar las aguas de formación con petróleo. Hace más de 20 años que no está la empresa petrolera en Ecuador. Sin embargo, estas piscinas todavía existen y se han cubierto de vegetación. Los animalitos corren por la selva, son atrapados por estas piscinas”. La contaminación, así, no queda en un expediente: se vuelve paisaje.

Casigña también explica cómo el clima empeora el problema y lo arrastra hacia cursos de agua. En temporada de lluvias, la presión sobre esos residuos se multiplica y el derrame no necesita un caño roto: “sube el nivel de estas piscinas y toda esa agua sucia se va a desembocar en el estero”, agrega. En el relato, el desastre no se presenta como pasado, sino como un mecanismo que sigue funcionando por inercia.

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Del otro lado, Chevron sostiene que ya pagó lo suficiente para reparar daños, aunque el episodio plantea una tensión evidente con lo que describen las comunidades. El abogado Pablo Fajardo, de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), recorre etapas clave del caso y recuerda un dato que marca la dirección de la pelea judicial: “Luego de 9 años de litigio en Estados Unidos, en el año 2002, el caso Lago Agrio fue remitido a las cortes de Ecuador por pedido de Chevron”. La disputa cambió de jurisdicción, pero no cerró el conflicto.

Fajardo también fija con precisión un hito que todavía pesa en Ecuador. “el 14 de febrero del 2011, el juez de primera instancia encontró culpable a Chevron y la condenó a pagar los 9.5 billones de dólares”, recuerda, y agrega que la condena se ratificó en instancias superiores. Sobre ese punto vuelve con una frase que resume el choque entre justicia local y arbitraje internacional: “En 2018 la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia ratificando lo dicho por los jueces anteriores”. Aun así, Chevron no pagó y el expediente encontró otra puerta.

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El giro arbitral que hoy obliga al Estado a desembolsar US$220 millones se explica por una estrategia de inversión y tratados. El episodio describe que un panel de arbitraje en La Haya ordenó al Estado anular la sentencia del caso Lago Agrio, bajo el argumento de violación de un tratado bilateral de inversión con Estados Unidos. Fajardo lo califica sin eufemismos: “insulto al derecho”, y suma una denuncia dirigida a la política estatal: “¿Cómo un gobierno puede decir, mire, esta sentencia no me gusta y voy a hacer todo para que no se ejecute? Sin embargo, en ese marco, el gobierno de Ecuador sí ha hecho todo lo posible para cumplir con eso”. El punto que asoma es duro: la obligación de obedecer el laudo corre incluso cuando el daño ambiental no se repara.

En noviembre de 2025, el panel impuso el pago por costas judiciales y por el concepto de “daño a su imagen”, y el relato incorpora un detalle: esos 220 millones se vinculan con lo que Chevron gastó en su defensa. El podcast también menciona un cambio de tono del procurador general ecuatoriano Juan Carlos Larrea, que anunció un trámite para reducir el monto, después de que el gobierno celebrara inicialmente que la cifra era menor a la que pedía la petrolera. La discusión, entonces, ya no es solo moral o ambiental: también es fiscal y política.

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Chevron sostuvo durante años que Ecuador la liberó de obligaciones de remediación, y Fajardo recordó el contrato de 1995 que aparece como argumento central. “en el año 1995, la transnacional firmó un contrato con el estado en el que se comprometió a remediar parte del daño ambiental a cambio de que el Estado se comprometiera a nunca más demandar a Chevron”, afirma. El abogado discute el corazón de esa narrativa cuando pone números: “Texaco ‘invirtió’ 41 millones dólares para reparar en daño ambiental causado. Pero el asunto es que nunca hicieron una remediación en la zona y el costo de la remediación es de 9500 millones de dólares pues. Los 41 millones no alcanzaba para nada”.

El episodio abre otra dimensión, menos local y más estructural: cómo operan los tribunales de arbitraje como herramienta de grandes inversores. Cita un informe de 2025 del Transnational Institute, con un dato que funciona como contexto: los inversores salen beneficiados en el 61% de los casos y la mayoría de demandas parten de empresas de Estados Unidos, Canadá o Europa, mientras el sector de gas, petróleo y minería representa el 23% de litigios. En esa lectura, el caso Chevron deja de ser “un juicio” para volverse un ejemplo de asimetría jurídica.

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Esa asimetría también aparece en la voz del exministro de Energía Alberto Acosta, que vincula arbitraje y debilitamiento de justicia local. “Lo que se ha hecho es debilitar la justicia nacional porque se permite que una empresa transnacional… pueda recurrir a esta suerte de justicia paralela internacional, en la cual normalmente los países empobrecidos pierden”, sostiene. El podcast recuerda, además, que desde 2008 Ecuador prohíbe en su Constitución recurrir a tribunales de arbitraje, aunque los tratados de inversión siguen operando como vía de presión y litigio.

En ese marco, el dato de los US$220 millones se vuelve el símbolo de una inversión de roles: una petrolera condenada por contaminación logra que el Estado pague, mientras las víctimas siguen sin reparación efectiva. El caso suma fallos, tratados, foros y nuevas estrategias legales, pero el núcleo del conflicto queda anclado en el territorio, donde las piscinas de residuos todavía existen y el agua sigue bajo sospecha. La pregunta que deja el episodio no es solo quién gana un arbitraje, sino qué sistema permite que una condena ambiental se vuelva letra muerta mientras la factura cambia de manos.

Material publicado por gentileza Radio Francia Internacional