
Un peruano contaba con un extenso prontuario que terminó con su expulsión del país
Policiales03/02/2026
REDACCIÓN
Un peruano con más de veinte causas desde 2016 fue expulsado de la Argentina tras evaluar su situación migratoria y antecedentes. Hubo intervención judicial y de Migraciones.
La salida del país no se definió en una ventanilla ni por un trámite rápido, sino por un prontuario que acumuló expedientes durante años y volvió a aparecer en cada verificación. En la Ciudad de Buenos Aires, un ciudadano peruano quedó bajo custodia mientras se revisaban sus antecedentes penales y su situación migratoria. Ese cruce entre registros judiciales y normativa migratoria terminó con una decisión concreta: expulsión del territorio nacional.
El caso involucró al Ministerio de Seguridad Nacional, a la Policía Federal Argentina (PFA) y a la Dirección Nacional de Migraciones. La medida se encuadró en la Ley de Migraciones N.° 25.871, según la información oficial difundida sobre el procedimiento. La articulación entre áreas se apoyó en documentación judicial y administrativa para avanzar con la resolución.


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El expulsado fue identificado como Luis Humberto Bastos Espinoza, de nacionalidad peruana. El operativo lo llevó adelante la Comisaría de Asuntos Migratorios de la Superintendencia de Investigaciones Federales, un área especializada en este tipo de intervenciones. La medida contó con intervención del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Antes de la expulsión, Bastos Espinoza permaneció alojado en dependencias policiales. Estaba en la División Alcaidías (Anexo Cavia) de la PFA, retenido a disposición de la Justicia. Allí quedó mientras se analizaban los antecedentes penales y se resolvía su condición migratoria, en un proceso que combinó etapas de evaluación y decisiones posteriores.
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La información oficial remarcó la magnitud del prontuario, con un dato que sobresale por repetición: más de veinte causas penales desde 2016. La mayoría corresponde a robos y tentativas de robo, y varias derivaron en condenas de cumplimiento efectivo. En ese recorrido también figuran declaraciones reiteradas de reincidencia, un elemento que suele agravar la lectura judicial sobre la conducta delictiva.
Dentro de ese historial aparecen condenas en años puntuales que marcan una continuidad: 2018, 2019, 2022, 2024 y 2025. Además, se registraron procesos judiciales en trámite o sin resolución definitiva, lo que amplió el volumen de actuaciones asociadas a su nombre. Esa secuencia temporal aportó a la evaluación sobre reiteración, más allá de cada causa aislada.
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Las actuaciones no se concentraron en un único juzgado, sino que circularon por distintos ámbitos de la justicia penal porteña. El historial incluyó causas tramitadas ante juzgados criminales y correccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con intervención de diversas fiscalías. En el detalle informado también aparecen procesos por lesiones graves, además del universo de robos.
En cuanto a las penas, las condenas mencionadas oscilaron entre uno y siete meses de prisión efectiva, según el reporte. Ese tramo, de condenas cortas pero repetidas, se enlazó con la idea de reincidencia en la evaluación del caso. A la vez, la existencia de múltiples expedientes en paralelo terminó de componer la foto del prontuario que se analizó.
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La expulsión se tomó, de acuerdo con la información oficial, por la reiteración de conductas delictivas y el riesgo para la seguridad pública, dentro del marco migratorio vigente. También se la presentó como parte de una política de control migratorio impulsada por el Gobierno Nacional. En ese contexto, la decisión buscó cerrar el proceso iniciado con la retención y la verificación de antecedentes.
















