Ganancias, el impuesto que tensó la reforma laboral y puso a los gobernadores contra Caputo
Política03/02/2026
Sergio Bustos
La reforma laboral que impulsa el Gobierno sumó un frente inesperado y, por ahora, difícil de desactivar: la pelea por la rebaja del Impuesto a las Ganancias. El tema pasó a ser el eje de la discusión con los gobernadores, que advierten un impacto directo sobre los recursos provinciales en 2027, justo cuando la mayoría se juega una elección clave. En ese escenario, el capítulo impositivo se convirtió en la zona más sensible de la negociación política.
La tensión no se explica solo por números, sino por el calendario. En las provincias miran con desconfianza cualquier modificación que pueda achicar la recaudación en un año electoral, sobre todo cuando muchos mandatarios buscarán renovar sus mandatos o proyectarse a nivel nacional. Por eso, más allá de la letra chica del proyecto, el debate ya se lee como una pulseada de poder entre Nación y las jurisdicciones.
La propuesta del Ejecutivo incluye una baja en la alícuota del impuesto a las Ganancias que pagan las empresas. El esquema plantea que, desde 2026, el tributo pase del 35% al 31,5%, un recorte que impactaría en la recaudación al año siguiente. En paralelo, el Gobierno sumó una reducción de contribuciones patronales y otros cambios tributarios que completan el paquete.
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En las provincias, el diagnóstico es duro y la cifra que circula en la mesa de gobernadores busca marcar el terreno. Según sostienen, el capítulo impositivo podría tener un impacto este año de más de 3 billones de pesos para las arcas provinciales. La lectura es clara: el recorte no se absorbería solo con ajustes internos, sino que obligaría a rediscutir partidas, obras y asistencia en un momento políticamente delicado.
Desde el Gobierno, el ministro de Economía Luis Caputo respondió con otra estimación y trató de bajar la presión. Según su mirada, el efecto fiscal no se sentiría ahora, sino recién en 2027, y rondaría casi 1,5 billones de pesos. La diferencia entre los cálculos, lejos de calmar el debate, terminó alimentando la disputa porque muestra que no hay acuerdo ni siquiera en el tamaño del problema.
En la Casa Rosada no dan señales de retroceder. La estrategia oficial apunta a sostener el corazón del proyecto y forzar una negociación que, hasta el momento, choca con la postura rígida de los mandatarios provinciales. El punto de conflicto es evidente: Nación quiere avanzar con el recorte impositivo como parte de su plan económico, mientras las provincias temen quedar expuestas a una baja de recursos cuando el clima electoral empiece a dominar la agenda.
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El texto también incorpora un capítulo que podría reducir la recaudación por otro carril: el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Allí se proponen beneficios como la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada en Ganancias para proyectos productivos de hasta millones de dólares. El Gobierno sostiene que el impacto fiscal sería del 0,2% del PBI, pero en las provincias miran con cautela cualquier mecanismo que postergue ingresos.
Otro punto técnico que suma tensión es la posibilidad de actualizar los quebrantos fiscales por inflación. Esa medida alivia la carga tributaria hacia adelante, especialmente si se registra una suba inflacionaria, y puede recortar lo que se recauda en el futuro. Para las provincias, es otro ejemplo de decisiones que benefician al sector privado pero que, en un esquema de coparticipación, pueden trasladar el costo a los distritos.
Con un impacto menor, el proyecto también prevé eliminar Impuestos Internos para rubros como seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, vehículos y motores, embarcaciones de recreo, aeronaves y hasta el 10% en entradas de cine que se destinaba a financiar al INCAA. Aunque no es el centro del conflicto, suma argumentos para quienes creen que el paquete completo puede terminar reduciendo recursos en distintas ventanillas.
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En paralelo, el Gobierno incluyó una baja de aportes a las contribuciones patronales del 18% al 15% para industrias y PYMES, con la intención de incentivar el empleo registrado. Esa medida aparece como uno de los pilares políticos del proyecto, porque se vende como un incentivo directo a la contratación formal. Pero en el debate con las provincias vuelve a aparecer la misma pregunta: quién absorbe el costo de esa menor recaudación y cómo se compensa.
Mientras tanto, el conflicto por Ganancias ya funciona como termómetro del resto de la reforma. Si el Gobierno logra sostener ese punto, el resto del paquete puede avanzar con menos resistencia, pero si se empantana, la negociación puede trabarse en cadena. Por ahora, la discusión no pasa solo por porcentajes: pasa por 2027, por el poder territorial y por la caja en un año donde nadie quiere llegar con menos recursos.
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